"4.2.5.3 La masacre de La Mejor Esquina -
195. El hecho ha quedado en la impunidad, pese a que el 6 de abril de 1.988 se inició la investigación y se recibieron declaraciones a los sobrevivientes, algunos de los cuales reconocieron a varios partícipes. En las labores de investigación, el DAS pudo establecer la identidad de varias de las personas que describían las víctimas, entre ellas Cayetano Sáenz, alias Condorito El 3 de mayo de 1.988, un mes después de la masacre, agentes del DAS capturaron en Montería a nueve hombres que se encontraban en el interior y en las afueras de dos camionetas Toyota Land Cruiser, una de color verde y blanco y que portaban una subametralladora, 4 pistolas, 1 revolver y 340 cartuchos de diferente calibre. Los aprehendidos manifestaron ser trabajadores de las fincas Jaraguay y Las Tangas y que el armamento lo utilizaban para la vigilancia.
174. En el informe del DAS elaborado a raíz de la captura se relacionaba a éstos con la muerte de Alfonso Cujavante Acevedo, miembro de la Unión Patriótica, con la Masacre de La Mejor Esquina y con la muerte de los profesores Rafael Duque Perea y Orlando Manuel Colón Hernández175.
A cinco de los nueve aprehendidos se les adelantó investigación por la masacre, pero el 28 de julio de 1.989, el Juez Primero de Orden Público de Montería los absolvió176, sin mayor análisis de la abundante prueba recaudada, pese a que Eulises Barreto Zuluaga, alias Fabián, el 21 de junio de 1.988 aceptó laborar en la finca Las Tangas, Jaraguay y Minisiguy, todas de propiedad de Fidel Castaño Gil, en las cuales recibió entrenamiento militar junto con 18 personas más y en el que, según confesó, se les daba la instrucción de matar a delincuentes, miembros de la Unión Patriótica y colaboradores de la guerrilla.
En dicha versión también reconoció como dirigentes de la organización a Henry y Marcelo Pérez, a un Coronel retirado del Ejército de apellido Meneses, a Arnulfo Rúa y a Fidel Castaño, quien la financiaba y declaró que en dichas fincas había gente entrenada en Puerto Boyacá, que hacían parte de un grupo especial que fue el que salió cuando ocurrió la masacre de La Mejor Esquina y que las operaciones siempre se coordinaban con la Fuerza Pública.
Finalmente, declaró que César Cura de Moya era amigo de Fidel Castaño y socio e interviniente en la organización. Y quien le ofreció el trabajo allí de nombre Reinaldo Rojas, era enviado por Adán Rojas177.
No es mera coincidencia que 25 años después Rigoberto Rojas Mendoza, el hijo de Adán Rojas, reconociera la participación de hombres bajo su mando en la masacre de La Mejor Esquina y que uno de los partícipes, de apellido Barreto, fue quien delató ante el DAS quienes habían participado. Sólo que todo eso se conoció 25 años antes, cuando todavía era posible investigar, sancionar y detener ese fenómeno y que, pese a ello, la mayoría de los autores resultaron absueltos por un juez que la Sala ordenó investigar por prevaricato.
En efecto, a los nueve capturados se les inició un proceso penal también por el delito de porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas. El Juzgado Segundo Especializado de Montería, en providencia del 5 de septiembre de 1988, condenó únicamente a Arnulfo de Jesús Rúa Guzmán, alias Nicanor, a la pena de 80 meses de prisión y absolvió a Eulises Barreto Zuluaga, Rafael Antonio Toro Mejía, Libardo Antonio Álvarez Picón, Raúl de Jesús García Hoyos, Ramón Emilio Franco Caicedo y Luis Gonzalo Jiménez Uribe con el especioso y pueril argumento de que desconocían la presencia de las armas en el vehículo y, en caso de que la hubieran conocido, no podían resistirse a ello porque no podían oponerse a la voluntad de sus superiores. Igualmente absolvió a José Albeiro Araque Solano y Gilberto Peña Ramírez, a pesar de que afirmaron que en sus labores de vigilancia utilizaban dos de las armas de uso personal, las cuales carecían de permiso para su porte178.
Por ello, la Sala durante la Audiencia de Control de Legalidad de los Cargos del 12 de abril de 2012, después de analizar la providencia del 5 de septiembre de 1988 proferida por el Juzgado Segundo Especializado, concluyó que decisiones como esta tienen las características de ser manifiestamente contrarias a la ley y revelan más una afrenta a la justicia que un propósito de realizarla.
Con los mismos argumentos, deberán ahora compulsarse las respectivas copias contra el Juez Primero de Orden Público de Montería, de ese entonces, Arturo Rodríguez Cortecero.
al parecer 4 camionetas- por los municipios de Valencia y San Pedro de Urabá, así como por los corregimientos Matamaíz y San Vicente del Congo. Eso significa que debían cruzar por un retén del Ejército ubicado en la vía que conduce de San Pedro de Urabá a Pueblo Bello y por la base militar y el Comando de Policía de San Pedro de Urabá donde estaba acantonado el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Vélez" y hacerlo de regreso con las 43 personas retenidas en Pueblo Bello, lo que suma más de 100 hombres.
Ninguno de estos controles representó un obstáculo y eso indica que la operación se llevó a cabo gracias a la aquiescencia y colaboración de la Fuerza Pública.
Esta cooperación fue corroborada por sus mismos partícipes y por las víctimas y testigos de los hechos. Uno de éstos da cuenta de la ayuda recibida de miembros de la Policía Nacional para cruzar por el municipio de Valencia189. A su regreso, uno de los vehículos sufrió una avería a raíz de lo cual estuvo detenido cerca de una hora en la carretera. El vehículo fue observado durante ese lapso por el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido quien, increíblemente, manifestó que nada hizo para indagar por sus ocupantes190. Pero, uno de los testigos firma que un oficial, el Teniente Quiñones, departió con los hombres pertenecientes a los Tangueros e incluso les ayudó a desvarar el vehículo191. Uno de los partícipes también reveló que después del hecho se encontraron con un retén militar en San Vicente del Congo donde un Teniente y otros soldados subieron a los camiones para poder atravesar el pueblo y posteriormente pasaron por San Pedro de Urabá en medio de la Policía, sin ningún inconveniente192. Y es apenas lógico que así fuera para que 2 camiones y otras camionetas con más de 100 hombres.....
4.2.5.5 La masacre de El Tomate
198. Apenas cuatro meses después, en la noche del 30 de agosto de 1.988, 30 hombres fuertemente armados hicieron detener un bus que se dirigía al corregimiento El Tomate, bajaron a sus pasajeros y los asesinaron. A su llegada al corregimiento, incendiaron varias viviendas y dispararon contra la población indiscriminadamente, asesinando a 12 personas. De allí salieron en el mismo bus y en la vía que conduce de Montería a Arboletes incendiaron el vehículo con su conductor adentro.
199. La averiguación penal se inició el 2 de septiembre de 1.988. Diferentes juzgados de orden público recepcionaron más de 20 declaraciones, pero 16 años después, el 23 de enero de 2.004, la Fiscalía Tercera Especializada de Montería profirió resolución inhibitoria183.
En las declaraciones recibidas en el año 2.011 por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, las víctimas de la masacre reiteraron, como lo hicieron desde el comienzo de la indagación, que el autor de ésta fue Jesús María “El Mono" López, quien era Alcalde de Montería y tenía una base paramilitar en las fincas de su propiedad La Esperanza y La Victoria, como un acto de represalia o castigo porque su conductor había sido asesinado por la guerrilla en ese corregimiento184. Igualmente, José Germán Senna Pico en versión del 30 de marzo de 2.012, declaró que la masacre la perpetraron hombres del “Mono" López185."
De la versión libre conjunta de Jesús Emiro Pereira Rivera del 18 de agosto de 2011 y las demás pruebas que obran en el proceso, con el fin de investigar a Manuel Salvador Ospina Cifuentes, alias Móvil 5, John Darío Henao Gil, Pedro Hernán Ogaza Pantoja, Jesús Aníbal, Manuel Antonio y José Humberto Roldán, Víctor Alfonso Rojas, alias Jawy o Vaca, los hermanos Vaca, Javier García y Carlos García, quienes fueron señalados como presuntos responsables de la desaparición forzada de los habitantes del corregimiento Las Nubes de Valencia, si no han sido condenados o investigados y no han fallecido y presentar informes periódicos a esta Sala, dando cuenta del estado de la misma y de las decisiones de fondo que se tomen en ella.
De la versión libre conjunta de Jesús Emiro Pereira Rivera del 18 de agosto de 2011 y las demás pruebas que obran en el proceso, con el fin de investigar a Manuel Salvador Ospina Cifuentes, alias Móvil 5, John Darío Henao Gil, Pedro Hernán Ogaza Pantoja, Jesús Aníbal, Manuel Antonio y José Humberto Roldán, Víctor Alfonso Rojas, alias Jawy o Vaca, los hermanos Vaca, Javier García y Carlos García, quienes fueron señalados como presuntos responsables de la desaparición forzada de los habitantes del corregimiento Las Nubes de Valencia, si no han sido condenados o investigados y no han fallecido y presentar informes periódicos a esta Sala, dando cuenta del estado de la misma y de las decisiones de fondo que se tomen en ella.
"En efecto, según declaró Salvatore Mancuso ante esta Sala, también se reunió con el Expresidente Álvaro Uribe Vélez en su finca El Ubérrimo, cuando era Gobernador de Antioquia. A esa reunión fue con el Coronel Raúl de Jesús Suárez, Comandante de la Policía de Córdoba. Con éste, Salvatore Mancuso había realizado varias operaciones en las que actuaba con base en las instrucciones y las listas que el Coronel les entregaba, mientras que éste despejaba la zona para que él pudiera “actuar militarmente contra quienes eran acusados de pertenecer a las filas de la subversión"129. El tema de la reunión fue precisamente ese, el apoyo que Salvatore Mancuso les venía prestando “en la lucha contra la guerrilla" y el Coronel se lo presentó al Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez como “el hombre que nos apoya aquí en el Departamento de Córdoba en la lucha contra la subversión"130.
Posteriormente, cuando el ya entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez realizaba la campaña para su reelección, se acordó una reunión entre ambos en Tierralta, Córdoba, después de una manifestación pública que organizaron los congresistas Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella para facilitar el encuentro. Pero, aunque la reunión “estaba cuadrada para ese día", no se realizó porque la caravana que acompañaba al Expresidente era muy numerosa y “le dio temor irse a reunir conmigo"131. Sin embargo, los congresistas Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella siguieron siendo los contactos que “en adelante mantuve con el entonces candidato y después presidente Uribe"132.
El postulado Salvatore Mancuso Gómez y Carlos Castaño Gil también se reunieron con Pedro Juan Moreno Villa, el Exsecretario de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante su paso por la Gobernación de Antioquia. En esa reunión Pedro Juan Moreno les expresó su preocupación por el daño que le estaban causando a la imagen de Uribe Vélez en las encuestas las masacres cometidas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y la necesidad de evitarlas y realizar acciones más selectivas. De allí que en una Conferencia de dicha organización previa a las elecciones se acordó no cometer masacres y se impartió la orden a los Comandantes de apoyar la candidatura de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República. Con ese propósito, Salvatore Mancuso le entregó cerca de un millón de dólares al Comandante del Bloque Córdoba Jairo Andrés Angarita Santos, más conocido como Comandante Andrés, para apoyar la campaña de Uribe Vélez.
Este apoyo no era fortuito, según afirmó Salvatore Mancuso, porque los cien puntos del Programa de Gobierno del candidato Álvaro Uribe Vélez coincidían y realizaban el proyecto de las ACCU de reinstitucionalización del Estado y los programas que éstas proponían implementar en las regiones. En ese sentido el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez reafirmaba el de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, pues “la reinstitucionalización del Estado está comprendida dentro de esos cien puntos que tenía como programa de gobierno Álvaro Uribe"
"157. Ese proceso llegó a los más altos niveles del poder político y militar de Córdoba y la costa norte del país y fue decisivo en la consolidación y expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En 1.996, en los inicios de su expansión, Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez se reunieron con el entonces Gobernador de Córdoba Carlos Buelvas Aldana y el general Iván Ramírez Quintero, quien estaba siendo investigado por la desaparición forzada de varias personas en la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1.985 y era Comandante de la 1ª División del Ejército, para hablar sobre la consolidación de los territorios de los paramilitares en el Departamento y el Urabá Antioqueño y la creación de lo que sería posteriormente el Bloque Norte. Según confesó el mismo Mancuso Gómez,
“. . .estábamos reunidos con la máxima autoridad política del departamento y con la máxima autoridad política de la primera división, comandaba todo lo que es la zona norte del país, qué significa, que estábamos reunidos en ese momento con quien les da las instrucciones a todos los militares de la costa, con relación al apoyo a las autodefensas y estábamos reunidos con la máxima autoridad del departamento de Córdoba, para qué, para que no molesten, éramos un poder más"
