- La Entidad sostuvo que Eliecer Arboleda Torres exigió al exgerente la firma de varias cartas de renuncia con vigencias trimestrales como garantía de obediencia durante su permanencia en el cargo
Bogotá, D.C., 18 de octubre de 2024 (@PGN_COL). En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general de 17 años y cinco meses al exalcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres (2016 – 2019), por abusar de sus funciones y obligar a quien nombró como gerente del hospital local a nombrar las personas que le dijera y actuar según sus directrices.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que el entonces mandatario le refirió los nombres de los servidores a los que debía vincular a su equipo de trabajo e incluso los acreedores a los que se les iban a pagar sus acreencias, para lo que exigió como garantía la firma de varias cartas de renuncia con vigencias trimestrales.
Durante el proceso, el Ministerio Público validó que cuando el exgerente se mostró en desacuerdo con las imposiciones del disciplinado este usó el 28 de marzo de 2017 uno de los documentos, momento en el que expuso que nunca fue su voluntad dejar el cargo y que esperaba terminar el periodo para el que había sido nombrado al frente del Hospital Luis Alberto Ablanque de la Plata.
La Procuraduría ratificó en el fallo que Arboleda Torres infringió con su actuación el principio de moralidad con lo que atentó con su deber funcional como nominador del gerente y priorizar sus intereses sobre los de todos los habitantes del municipio, en particular los del centro médico.
De igual manera, el Ente de control sostuvo que el exalcalde vulneró el principio de moralidad administrativa al omitir las calidades del funcionario que iba a nombrar y en su lugar preferir alguien a quien pudiera controlar, por lo que de forma definitiva lo declaró responsable disciplinariamente y ratificó la calificación de la falta que cometió como gravísima cometida a título de dolor.
Finalmente, la Sala revocó el fallo contra quien fungió como gerente de la Empresa Social del Estado y lo absolvió del cargo imputado y de cualquier responsabilidad frente a los hechos descritos.
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