- El ente de control indaga presuntas omisiones de servidores públicos en las garantías de protección a la empresa Zijin-Continental Gold.
- La empresa minera, al parecer, había solicitado protección en reiteradas ocasiones al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para salvaguardar la vida de trabajadores y garantizar la operación y funcionamiento de la extracción subterránea de oro.
Bogotá, D. C., 8 de junio de 2023 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de indagación previa contra servidores públicos por determinar, por presuntas omisiones en la adopción de medidas de protección a la empresa Zijin-Continental Gold, en el municipio de Buriticá, Antioquia.
La investigación del ente de control se da por posibles faltas disciplinarias, luego de que la empresa de extracción minera subterránea había solicitado protección en reiteradas ocasiones al Gobierno Nacional y las autoridades locales, con el fin de salvaguardar la vida de sus trabajadores y poder garantizar el ejercicio y funcionamiento de su operación; no obstante, fue víctima de un atentado con explosivos en uno de los túneles el pasado 17 de mayo, en donde fallecieron dos personas y 14 resultaron heridas.
La Procuraduría busca establecer las posibles omisiones de servidores públicos por identificar o individualizar, en su deber de brindar garantías de protección a actividades lícitamente concesionadas por el Estado. Por eso considera pertinente, conducente y útil, escuchar en testimonio a los directivos de la empresa minera. También solicita al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares, a la Gobernación, al alcalde del Municipio, entre otras autoridades, un informe detallado sobre las medidas y acciones emprendidas para la protección de los trabajadores de la minera Zijin-Continental Gold.
Cabe recordar que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, había rechazado el atentado terrorista perpetrado en la mina de Buriticá y había hecho un llamado contundente al Gobierno Nacional y territorial “para que se tomen todas las medidas necesarias que permitan brindar garantías de protección a las actividades lícitamente concesionadas por el Estado, como lo son las actividades minero-energéticas, garantizando privilegiando la vida y seguridad de los ciudadanos frente a los actores criminales que actúan al margen de la ley y de la institucionalidad”.
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