Bogotá, D. C., 5 de octubre de 2026 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación instaló la Mesa Técnica de Meritocracia y Empleo Público, con el propósito de conocer los avances y el desarrollo de las convocatorias para cargos públicos de carrera, así como los procesos de formalización del empleo estatal.
Durante el encuentro, en el que participaron representantes del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y Colombia Compra Eficiente, se evidenciaron problemáticas como los bajos niveles de formalización, el uso masivo de contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente y fallas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
Asimismo, la Mesa Técnica permitió conocer detalles del Decreto Legislativo 1384 de 2026, del 9 de septiembre de 2026, mediante el cual, entre otras medidas, se aplazaron temporalmente los procesos de selección y los concursos de mérito hasta el 31 de diciembre de 2026. En este sentido, el ente de control indagó sobre los posibles efectos de esta medida en algunos procesos de selección suspendidos.
En cuanto al SIGEP II, sistema en el que se encuentra alojada la información de los servidores públicos, se evidenciaron presuntas fallas estructurales, información incompleta y un presupuesto insuficiente para su actualización.
Durante la jornada también se reveló un dato preocupante: 5.881 demandas relacionadas con contratos realidad, que representarían un presunto riesgo fiscal para la Nación.
En cuanto a los contratos de prestación de servicios, entre 2023 y 2026 se registraron 2.346.208 contratos, celebrados por entidades de la Rama Ejecutiva nacional y territorial, por un valor de $64,31 billones.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) son las entidades que concentran el mayor número de procesos judiciales y, a su vez, las más demandadas por asuntos relacionados con contratos realidad. El ente de control ya había alertado a las entidades competentes sobre estas problemáticas.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que continuará realizando un seguimiento riguroso al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el empleo público y la meritocracia.
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