- Se trata del primero de varios informes que se entregarán a esa jurisdicción, documentando 722 expedientes disciplinarios por Falsos Positivos que vienen siendo investigados por el Ministerio Público y se encuentran en diferentes etapas procesales.
- Los casos referidos ocurrieron en el departamento del Cesar entre 2002 y 2007 con un saldo trágico de 24 personas asesinadas
Bogotá, D. C., 8 de mayo de 2023 (@PGN_COL). La Procuradora, Margarita Cabello Blanco, hizo entrega al presidente de la Jurisdicción Especial Para la Paz, JEP, Roberto Vidal, de un informe elaborado por su delegada para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, en el que se expone con lujo de detalles la ocurrencia, víctimas e implicados, de 15 casos de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate, conocidos popularmente como “Falsos Positivos”, cometidos por agentes del estado e investigados disciplinariamente por la Procuraduría.
Este es el primero de varios informes que se entregarán a esa jurisdicción, documentando 722 expedientes disciplinarios por Falsos Positivos que vienen siendo investigados por el Ministerio Público y se encuentran en diferentes etapas procesales.
La Procuradora Cabello Blanco aseguró que, “estos informes son una oportunidad para que la Procuraduría muestre su apoyo al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, frente a develar cómo funcionaban estos grupos de agentes del estado en la comisión de los Falsos positivos, que debemos reconocer como los peores vejámenes ocurridos en el conflicto colombiano”.
Los casos referidos ocurrieron en el departamento del Cesar entre 2002 y 2007 con un saldo trágico de 24 personas asesinadas (23 hombres y una mujer), que implican a 125 militares (10 oficiales, 18 suboficiales y 97 soldados profesionales y regulares) adscritos al batallón la Popa y otras unidades como el Batallón Especial Energético y vial, Batallón de contraguerrillas “Guajiros”, la Fuerza de Reacción Divisionaria “FURED” y el grupo Gaula Militar del Cesar.
Hallazgos inquietantes
Entre los datos reveladores que encontraron los investigadores del Ministerio Público que elaboraron el informe, están que, de las 15 investigaciones disciplinarias estudiadas, siete han sido documentadas por la JEP por corresponder a hechos entre 2002 a 2005, los ocho restantes corresponden a hechos no documentados, por haber ocurrido después de julio de 2005 o que fueron cometidos por unidades diferentes al Batallón “La Popa”.
Otro aspecto clave es que los dos oficiales que abrieron indagaciones preliminares por varios de estos hechos al interior del Batallón La Popa en el periodo 2002-2005 y posteriormente las cerraron sin mayores explicaciones, hasta que la Procuraduría revocó el cierre y las asumió por poder preferente, actualmente son sujetos de proceso adversarial en la JEP por no reconocer responsabilidad en los casos del “Falsos Positivos” que investiga el macrocaso 03. Esto permiten apreciar que, las indagaciones adelantadas por las oficinas de control interno disciplinario (OCID) de las unidades tácticas (batallones) les faltó rigor investigativo y por ello no fueron exitosas.
Lo encontrado en el primer informe permite considerar que hay personas que aún no han comparecido ante la JEP, que pudieron tener un rol esencial o determinante, o que pueden aportar información de valor para conocer el funcionamiento de la organización criminal al interior de los batallones en el departamento del Cesar, como ocurre en el caso de un oficial que, según testimonios y documentos recaudados, era quién acudía ante las patrullas que presentaban los falsos resultados y asumía el traslado de los cuerpos a los hospitales (La Morgue - medicina legal) con fines de que allí se realizara la inspección de los cadáveres bajo el reporte de ser producto de combates con grupos al margen de la ley o bandas criminales. También los reportaba ante la Fiscalía de turno bajo el mismo argumento “combates”.
Sobre este oficial pesaba una responsabilidad esencial y determinante, que era el traslado de prendas y elementos propios de las escenas de los hechos (lo que constituye evidencias y tareas de primer respondiente), que en muchos casos fueron contaminadas y destruida -incinerada- como obra en los registros de los médicos legistas, a fin evitar estudios forenses.
Lo que se conoce de este oficial es que no ha sido llamado a declaración alguna en JEP, no está sometido y no ha participado en las audiencias restaurativas ni en el proceso de esclarecimiento de la verdad. Como él hay otros más, sobre todo soldados que integraron las patrullas y debieron conocer los pormenores de los hechos.
La Procuradora finalizó su intervención asegurando que el Ministerio Público trabaja en estas investigaciones para evitar que casos como estos se repitan en el futuro, “el investigar, averiguar, mirar donde estuvieron los errores, qué fue lo que pasó, nos puede llevar a que se tenga claridad para que no se repita lo mismo nuevamente en nuestro país”.
GER/cc
