Bogotá. D.C. 22 de octubre de 2026. (@PGN_COL).La Procuraduría General de la Nación, formuló una alerta preventiva ante la próxima terminación del contrato fiduciario que permite la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), prevista para el 31 de octubre de 2026, y la necesidad de gestionar recursos adicionales por aproximadamente $1,8 billones para financiar el componente de salud durante lo que resta de la vigencia.
Ante la cercanía de esta fecha, la Procuraduría solicitó al Consejo Directivo del FOMAG informar qué decisiones se han adoptado frente a la continuidad de la administración fiduciaria y cuáles son las medidas previstas para evitar interrupciones en la prestación de los servicios de salud de los docentes y sus beneficiarios, así como en el reconocimiento y pago de sus prestaciones económicas.
Preocupación por los recursos para salud
El organismo de control también expresó su preocupación por la situación financiera del Fondo. Aunque el Consejo Directivo aprobó recientemente un traslado presupuestal de $859.000 millones para fortalecer el componente de salud, persiste un faltante estimado de $1,84 billones para atender las necesidades proyectadas de la vigencia 2026.
Por esta razón, la Procuraduría requirió información sobre las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para obtener los recursos adicionales, los montos solicitados, el estado de los trámites y las medidas de contingencia previstas en caso de que no se garantice oportunamente su disponibilidad.
La Procuraduría advirtió que las dificultades financieras y contractuales no pueden traducirse en afectaciones a la continuidad, oportunidad y calidad de la atención de los afiliados al FOMAG.
Seguimiento preventivo
El Ministerio Público solicitó información prioritaria sobre la continuidad contractual y las acciones adoptadas para garantizar el funcionamiento del Fondo a partir del 1 de noviembre de 2026. De igual forma, requirió los soportes de las gestiones presupuestales relacionadas con el faltante de recursos para salud.
La Procuraduría reiteró que su intervención tiene carácter preventivo y busca que las autoridades responsables adopten oportunamente las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los docentes y sus familias, sin interferir en las decisiones administrativas y contractuales que corresponden a las entidades competentes.
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