- El ente de control investiga si funcionarios de la institución educativa omitieron tramitar las denuncias de alumnas que habrían sido acosadas sexualmente por un docente.
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2023 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra servidores públicos de la Universidad del Cauca por presunta omisión ante las quejas que habrían interpuesto cuatro estudiantes del programa de Derecho por conductas que atentarían contra su libertad, integridad y formación sexual.
Los investigados son: el decano de Derecho, Édgar Camacho Godoy; la secretaria del consejo de la facultad, Janny Katiana Santacruz Amador; y los exdecanos, Roberto Rodríguez Fernández, Gabriela Ramírez Zuluaga y José Reinaldo Pisso Córdoba, exjefe del Departamento de Derecho Privado, quien se desempeñó como decano (E).
El ente de control investiga si un docente de la institución educativa se habría acercado a las alumnas de tercer semestre de Derecho para tocar sus partes íntimas, besarlas y entregarles después la nota de un parcial, situación que habría sido puesta en conocimiento de varios directivos, docentes y personal de la universidad, sin que presuntamente se les diera trámite.
Al parecer, tras denunciar los hechos no se habría actuado en procura de salvaguardar los derechos de las declarantes en el marco institucional universitario, ni se habrían puesto en conocimiento de las autoridades competentes lo manifestado. La respuesta dada a las alumnas indicaría que “no era posible tomar alguna medida al respecto sin pruebas de los hechos narrados en las declaraciones”.
Entre las pruebas solicitadas, el órgano disciplinario requirió a la universidad remitir copia de la documentación sobre la adopción de la campaña contra el acoso sexual y certificar su publicación y socialización con la comunidad educativa, así como si cuenta con otra disposición normativa para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, violencia de género o similares.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca aseveró que los funcionarios podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.
CCJ/cc
