- Luz Elena Guerra habría presuntamente concedido amparo policivo sobre predios diferentes a los que se le fue solicitado por el querellante.
- La decisión se enmarca en las actuaciones que la Procuraduría General de la Nación está adelantando para investigar la posible participación de servidores públicos con el fin de favorecer, permitir o facilitar las ocupaciones ilegales de predios en el país.
Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2023 (@PGN_COL). La Procuraduría formuló cargos a la corregidora de El Mochuelo de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar de Bogotá, Luz Elena Guerra Ladino, por incurrir, presuntamente, en una falta disciplinaria gravísima, al conceder amparo policivo a predios diferentes a los que se le había solicitado por el querellante en mencionado caso de La Azotea en el sur de la ciudad.
De acuerdo a las pruebas, el ente de control resolvió que la decisión del 14 de enero de 2019, proferida por la corregidora en el proceso policivo por perturbación a la posesión No. 021-2017, que inició por la querella presentada por Rafael Armando Forero Pulido, presuntamente, sería contraria a las pruebas de dicho expediente.
Según la Procuraduría, Guerra Ladino en su condición de corregidora vinculó los predios La Azotea 1, La Azotea 2 y La Azotea 3, de propiedad de las sociedades Grupo Malkenu S.A.S. y Suever S.A.S, los cuales se segregaron del inmueble La Azotea, derivado de la subdivisión de la Hacienda El Chipo, totalmente diferente al predio que solicitó el querellante, también llamado La Azotea, pero parte de la Hacienda La Candelaria.
El ente investigador determinó que la perito del proceso policivo advirtió a la corregidora que el predio solicitado por el querellante era totalmente distinto a los vinculados, entre los cuales, además, no existía superposición como lo había concluido la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur. Pese a ello y a las pruebas que confirmaban lo anterior, la funcionaria investigada al parecer continuó adelante con el proceso sin presuntamente comunicar a las sociedades propietarias ni identificar el predio señalado en la querella, ordenando el desalojo y la restitución sobre otros predios diferentes.
Además, se evidenció que presuntamente la corregidora continuó con la diligencia de entrega del predio, pese a las oposiciones presentadas y la solicitud de suspensión del Personero Local de Ciudad Bolívar en calidad de Ministerio Público hasta tanto no se aclarara la identificación y delimitación de los predios en cuestión.
De acuerdo a la investigación de la entidad, la disciplinada presuntamente incurrió en la falta disciplinaria gravísima consistente en la realización objetiva de la descripción típica del delito de prevaricato por acción, a título de dolo, al existir pruebas que comprometen la responsabilidad de la investigada.
Esta decisión disciplinaria se enmarca en las actuaciones que la Procuraduría General de la Nación está adelantando para investigar la posible participación de servidores públicos con el fin de favorecer, permitir o facilitar las ocupaciones ilegales de predios en el país.
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