Acta 2017-11-29
El Procurador 1° Judicial Penal II, el doctor Nelson Francisco Torres Morillo, informó que la Procuradora 68 Judicial II Penal de Bogotá, la doctora Sandra Liliana del Socorro Arias Duque, es la persona encargada de la agencia especial relacionada con el radicado 2138 en la Fiscalía 27 de la Unidad Nacional de DDHH y DIH. Esta investigación se refiere a los hechos relacionados con la masacre de San José de Apartadó ocurridos el 21 de febrero de 2005.
Se indicó que la investigación no surgió de las compulsas de copias de la Fiscalía 13 de la Unidad Nacional de Justicia Transicional de Justicia y Paz, sino que se inició debido a la información sobre la existencia de fosas en el municipio de Apartadó.
A lo largo de la investigación, se logró establecer que los hechos de la masacre fueron ejecutados por miembros de la organización paramilitar denominada Héroes de Tolová, en asociación con integrantes del Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez y del Batallón Contra Guerrilla No. 33 Cacique Lutauna, en el contexto de la operación militar denominada Fénix, ordenada por la Brigada No. 17 del Ejército Nacional con sede en el municipio de San José de Apartadó.
Se mencionaron las acciones legales tomadas contra varios individuos, incluyendo condenas y absoluciones en relación con los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie, concierto para delinquir, entre otros.
Se destacó que la Fiscalía 27 de DDHH y DIH ha estado a cargo de este proceso desde 2015 y ha emitido resoluciones de acusación y órdenes de detención contra varios acusados.
El Juzgado expresó su preocupación por el avance de la investigación y convocará al Fiscal 27 de DDHH y DIH para la próxima audiencia de seguimiento, donde se espera que informe sobre los avances en la judicialización de los funcionarios públicos que podrían haber participado en los hechos.
Acta 2018-05-30
Se menciona que el 15 de mayo se recibió un correo electrónico del doctor Alberto José Prieto Vera, Fiscal 56 Especializado DECVDH, y el día de la audiencia se recibió un oficio suscrito por la asistente del Fiscal II del Despacho 56, la doctora Camila Andrea Polanco Santos. Estos documentos remiten un informe de la compulsa de copias realizada bajo la investigación 2138, que ha estado en curso desde el 4 de noviembre de 2015. El informe se enfoca específicamente en el caso del Mayor Juan Miguel Huertas Herrera.
El doctor Nelson Francisco Torres, Procurador 1° Judicial Penal II, informa sobre la agencia especial a cargo de la Procuradora 68 Judicial Penal II de Bogotá, la doctora Liliana del Socorro Arias, quien está a cargo del radicado 2138 de la Fiscalía 27 de la Unidad Nacional de DDHH en relación con la Masacre de San José de Apartadó del 21 de febrero de 2005. Según el informe, hay 10 miembros de la fuerza pública vinculados a esta investigación, así como la vinculación de miembros de las autodefensas. La investigación aún se encuentra en la etapa de instrucción.
Respecto al numeral 35° de la sentencia, que se refiere a la investigación relacionada con el Mayor Huertas, el Procurador indica que han realizado varios oficios al delegado en asuntos disciplinarios para obtener información sobre si esa dependencia de la Procuraduría tenía alguna investigación disciplinaria en curso contra el mencionado Mayor, pero no han obtenido respuesta sobre el particular.
Se menciona que se presentará un informe adicional sobre las demás agencias especiales a constituir en el mes de diciembre.
Acta 2019-22-02
Se informa que en la audiencia anterior, el Procurador 1° Judicial Penal II indicó que la Procuraduría Delegada para la Defensa de los DDHH de la ciudad está llevando a cabo una investigación disciplinaria en relación con el Mayor Huertas y los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005 en la Masacre de San José de Apartadó. Según el informe, se había declarado la prescripción de la acción disciplinaria y se archivó definitivamente la queja relacionada con el Mayor Huertas en virtud del artículo 69 de la Ley 836 de 2003.
Se menciona que el Procurador General de la Nación, el 16 de enero de 2019, resolvió una solicitud de revocatoria directa de una decisión previa de la entidad, en la que se había declarado la prescripción de la acción disciplinaria en casos relacionados con crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. La revocatoria directa tenía como objetivo aplicar el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se sugiere que se realice una solicitud similar en el caso del Mayor Huertas si los hechos están relacionados con crímenes de esta naturaleza.
El Despacho solicita al Agente del Ministerio Público ante el Procurador competente que realice la solicitud de revocatoria directa y se espera que se informe sobre los resultados de esta solicitud en la próxima audiencia de seguimiento.
Con respecto a la Agencia Especial No. 7171 relacionada con el proceso 2138, que aborda los hechos de la Masacre de San José de Apartadó, se menciona que aún no se cuenta con un informe detallado de esa investigación. Se espera que este informe se presente en la próxima audiencia de seguimiento.
Se solicita que el informe sobre la investigación de la Agencia Especial se enfoque en analizar la situación penal del Mayor Huertas, ya que la Fiscalía 56 Dirección Especializada contra Violaciones a los DDHH había indicado previamente que no existen razones para la vinculación formal del Mayor.
Se menciona que en la audiencia anterior, se dio cuenta de la condena de varios militares y miembros de las autodefensas por los hechos relacionados con la masacre. También se señala que aún hay miembros de la fuerza pública vinculados a la investigación, incluyendo 4 altos mandos militares.
Dado que el Fiscal 56 no estuvo presente en la audiencia, se solicitará un informe que dé cuenta del avance de la investigación en la próxima audiencia de seguimiento.
Acta 30-08-2021
La Fiscalía 56, adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, remitió un informe sobre el estado de la investigación. Los hechos de la masacre ocurrieron el 24 de febrero de 2005 en los municipios de Apartadó, Antioquia, y Tierra Alta, Córdoba. La investigación se encuentra en la etapa de instrucción y se refiere a los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. La denuncia se inició de oficio.
Se menciona que existen 187 sindicados en el proceso, entre ellos militares y paramilitares pertenecientes al Frente de Héroes de Tolova. Hasta la fecha, se han emitido sentencias condenatorias contra 45 personas de las AUC y la Fuerza Pública, incluyendo coroneles.
Se destaca que el General (R) Héctor Jaime Fandiño fue objeto de una resolución de preclusión de la investigación por muerte del oficial, emitida el 2 de septiembre de 2020.
En relación con el Mayor Huertas, se reitera la información proporcionada en un oficio anterior, que indica que la única mención de su nombre en el proceso se encuentra en una entrevista realizada el 9 de junio de 2010 por Joel José Vargas Flórez. Sin embargo, esta mención corresponde a hechos del 2004, antes de los sucesos relacionados con la masacre del 2005. Además, se señala que en este proceso se investiga específicamente el concierto para delinquir agravado y los homicidios ocurridos el 21 de febrero de 2005, mientras que la sindicación del testigo se refiere a hechos anteriores.
Se afirma que hay elementos que desvirtúan la probable participación del Mayor Huertas en los hechos investigados. Se menciona que se han emitido resoluciones de preclusión de investigación a favor de un número considerable de soldados del Batallón 33 Contraguerrilla Cacique Lutaima, que comandaba el Mayor Huertas Herrera.
Se informa que la investigación actualmente se lleva a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley 1957 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según esta ley, los órganos y servidores públicos que continúan investigando conductas de competencia exclusiva de la JEP solo pueden realizar actos de indagación e investigación.
Se menciona que el abogado GERMÁN ROMERO es la parte civil en el proceso, pero se constituyó mediante una acción popular.
La Agencia Especial del Ministerio Público designó a la doctora Andrea Nathaly Bermúdez Sánchez para esta investigación.
Se espera un informe del delegado del Ministerio Público sobre la medida relacionada con la vinculación de todos los miembros de la fuerza pública y si se han compulsado copias contra ellos.
Se destaca que se presentó una compulsa de copias contra el Mayor Juan Miguel Huertas, en la que la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos declaró la prescripción de la acción y ordenó el archivo definitivo de la actuación. Se menciona que se solicitó que se estudie la directiva del Procurador General sobre la imprescriptibilidad de conductas violatorias de derechos.

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