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Boletín 120

Tribunal Administrativo de Chocó acogió solicitud de PGN en defensa de recursos públicos en Chocó Bogotá, 14 de febrero de 2011. La oportuna intervención de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Chocó evitó qu

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La oportuna intervención de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Chocó evitó que se pagarán, con cargo al Departamento, cuatro mil 800 millones de pesos por concepto de un ejecutivo para el cobro de sentencias judiciales.

Los hechos se relacionan con las decisiones proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó en el año 2002 como resultado de 33 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en las que se ordenó a la Contraloría General del Departamento el reintegro de los actores a sus cargos y la cancelación de los sueldos, primas bonificaciones y prestaciones dejadas de percibir.

Según los demandantes, en razón a que en su concepto no se produjo el pago ordenado, interpusieron ante el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó, ejecutivo de cobro, en cuya decisión se ordenó al Departamento al pago correspondiente más los intereses, deuda que se calculó en 4 mil 800 millones de pesos.

La intervención del Ministerio Público, a través del Procurador 17 Judicial Administrativo de Quibdó, Amador Valderrama Copete, una vez recaudas las pruebas pertinentes, demostró que con anterioridad y como producto de un acuerdo de pago suscrito entre el representante de los apoderados y el Departamento del Chocó, la deuda había sido cancelada.
 
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo revocar la sentencia proferida por el juzgado Tercero Administrativo de Quibdó que reconoció y ordenó el pago de la obligación.

El Tribunal Administrativo de Chocó al acoger las peticiones presentadas por la Procuraduría revocó la decisión proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó, declaró terminado el proceso y ordenó el desembargo de las cuentas bancarias y bienes que habían sido sometidos a la medida cautelar de embargo.

Al anunciar la puesta en marcha de un plan piloto para defender los recursos públicos en este departamento, el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Roberto Augusto Serrato Valdés, explicó que el desorden administrativo en la Gobernación de Chocó, resultado de anteriores administraciones, es aprovechado para la presentación de reclamaciones por obligaciones ya pagadas.

Señaló que los Procuradores Judiciales, en este departamento, actuarán de manera coordinada con la Gobernación de Chocó para intervenir en todos los procesos en los que se elevan reclamaciones económicas, por asuntos laborales, con miras a evitar actos que configuren detrimento patrimonial.

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