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Actualidad y noticias

Procurador Alejandro Ordóñez se declara "perplejo" por exclusión de generales Mora Rangel y Naranjo de mesa de diálogo con FARC en Cuba

Boletín 297

Fuente: PGN
Fecha Publicación: viernes, 27 marzo 2015 06:00 AM

 

Ante el reciente cambio del "modus operandi" del Gobierno Nacional en el proceso de paz con el grupo guerrillero FARC, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se declara "perplejo" ante este nuevo viraje anunciado esta semana por el presidente Juan Manuel Santos, en el que excluye a los generales en retiro Jorge Enrique Mora Rangel y Óscar Naranjo de la mesa de negociación en el actual ciclo que se adelanta en la capital cubana.

 
La Procuraduría General de la Nación, a través del jefe del Ministerio Público, recuerda que el Gobierno se comprometió ante las Fuerzas Militares y la opinión pública en que los generales Mora Rangel y Naranjo eran su garantía en La Habana.
 
En ese sentido, se señala que genera desconfianza en la Fuerza Pública y ciudadanía que cuando se negocia justicia frente a las FARC, se excluya, con justificación insuficiente, a los altos oficiales de las conversaciones directas allí; por lo que esta decisión afecta la transparencia del proceso ante las Fuerzas Militares y la ciudadanía en general.
 
A pesar de las últimas explicaciones dadas por altos funcionarios del Gobierno Nacional, el procurador Alejandro Ordóñez los exhorta para que informen con claridad si la exclusión de los generales Mora Rangel y Naranjo es solo por este ciclo de negociación, hasta cuándo, o si esta es definitiva.
 
Al mismo tiempo, al procurador Ordóñez Maldonado le preocupa que los retiros de los altos oficiales se den precisamente cuando en La Habana las FARC pretenden que se negocie la estructura y doctrina de las Fuerzas Militares, situación que debe ser atendida directamente por los plenipotenciarios allí presentes.
 
La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y en defensa de las víctimas, seguirá atenta y advirtiendo los riesgos que en materia de orden jurídico y derechos colectivos se puedan generar en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana (Cuba), en el propósito de construir un Pacto para la Paz que blinde jurídica y políticamente el proceso para lograr una paz bien hecha, sin impunidad y sostenible.