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PGN destituyó y suspendió a ex miembros de Comité Asesor de Inversiones de la DNE

 

Bogotá, 10 de diciembre de 2010. La Procuraduría General de la Nación declaró disciplinariamente responsables a seis ex funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, que integraron el Comité Asesor de Inversiones de la entidad, por la celebración del contrato de encargo fiduciario No. 24 de 2006 con FIDUAGRARIA S.A.

Las sanciones disciplinarias son las siguientes:

Destitución e inhabilidad general por el término de once años, a la señora Clara Eugenia Garrido de De Valdenebro, en su condición de Secretaria General (e) de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para la época de los hechos.

Destitución e inhabilidad general por el término de diez años, a la señora Martha Hernández Pulido, en su calidad de Profesional Especializada de la DNE., e integrante del Comité Asesor de Inversiones.

Suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos meses a los señores Fredy Guillermo Hernández Sandoval, José Camilo Guzmán Santos y Pablo Manuel Bula Narváez, en sus calidades de Profesional Especializado, Subdirector Jurídico y Jefe de la Oficina de Control Interno, de la DNE ; respectivamente, también integrantes del Comité Asesor de Inversiones.

Suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes a la señora Yolanda Chalá Martínez, en su condición de Profesional Especializada e integrante del Comité Asesor de Inversiones.

De acuerdo con la investigación, dicho encargo fiduciario se celebró sin que se hubiera efectuado la convocatoria publicando como mínimo un aviso de invitación a cotizar en un diario de amplia circulación nacional o en la página electrónica de la entidad.

El Ministerio Público encontró que tampoco se cumplió con la disposición legal que exigía la adjudicación del contrato en audiencia pública conforme lo señala el inciso segundo del artículo 3 de la ley 875 de 2002.

Al proferir la decisión de primera instancia, la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal explicó que el reproche disciplinario nada tiene que ver con haber vulnerado normas y principios propios del Estatuto General de Contratación Pública.

Precisó que “las leyes en cita son suficientemente claras al determinar que el mecanismo de escogencia de la entidad que debe administrar los recursos del FRISCO – que en todo caso son recursos públicos – por medio de fiducia, se rige por el derecho privado; sin embargo, esta disposición de orden legal no excluye per se el procedimiento que la misma ley 785 estableció como de obligatorio cumplimiento por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que fue el que se echó de menos en la imputación del cargo formulado, procedimiento que en todo caso, debía ser observante de los principios de la función pública que consagra el artículo 209 de la Constitución Política.”

Recalcó que el principio de la responsabilidad es la columna vertebral del régimen de los funcionarios públicos, y, tal y como está planteado en este caso, es claro que existió una participación de todos los funcionarios investigados, ya que ellos intervinieron en los procesos decisorios.

Para el Ministerio Público, “no fue solo un funcionario quien participó en esta conducta reprochable disciplinariamente, sino que es la suma de las actuaciones de varios funcionarios que se comprometieron con su firma, formando el resultado final ya conocido”.

La investigación disciplinaria tuvo su origen a partir de las notas de prensa que denunciaron irregularidades por parte de las directivas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, al utilizar la figura de la Fiducia para entregar en préstamo al Grupo Nule, más de 25 mil millones de pesos con destino a financiar la obra, contratada con esa firma, para construir la doble calzada Bogotá – Girardot.

En la decisión, la Procuraduría ordenó que a través de un radicado diferente se inicie la investigación disciplinaria, por presunto incremento patrimonial injustificado, en contra de los señores Gonzalo Gutiérrez Diazgranados, Juan Carlos Vives Menotti, Alejandro Vélez Múnera, Clara Eugenia Garrido de De Valdenebro y Carlos Salvador Albornoz.

Así mismo, dispuso compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las correspondientes investigaciones penales.

 

 

 

 

Fecha de publicación: 10 de diciembre de 2010. 7:00 p.m.