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Antecedentes y efectos de la decisión de la Corte Constitucional respecto de la Sentencia T-946 de 2008, que involucraba al doctor Germán Arango Rojas

 

Bogotá, 9 de diciembre de 2010. La Procuraduría General de la Nación precisa a la opinión pública los antecedentes judiciales que llevaron a la Sala Plena de la Corte Constitucional a aclarar que ninguno de los efectos de la  Sentencia T-946 de 2008 podía extenderse al doctor Germán Arango Rojas, a quien una Sala de Revisión de Tutela había condenado por supuestamente haberle violado los derechos fundamentales a una menor de edad, al negarle a sus padres practicarle un aborto.

Asimismo expone los efectos de esta decisión y las actuaciones de la Procuraduría al respecto.

I. Antecedentes judiciales

1. El 28 de enero de 2008, el Juez Segundo Civil Municipal de Manizales negó una acción de tutela interpuesta por los padres de una menor de edad discapacitada con el fin de lograr que a ella se le practicara un aborto, pues consideró que no se cumplía con ninguna de las condiciones establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, por virtud de la cual se despenalizó el aborto en tres circunstancias excepcionales, dado (a) que no se había presentado denuncia penal por acceso carnal violento, abusivo o no consentido; (b) que no se había presentado certificado médico en donde constara que el nasciturus sufría de alguna malformación que lo hiciera inviable y c) que no se había presentado certificado médico en donde constara que el embarazo representaba un riesgo para la vida de la madre gestante.

2. El 29 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, confirmó la decisión de negar el amparo, pues aunque conoció un documento ilegible que parecía ser una denuncia penal por acto sexual en persona incapaz de resistir, también conoció directamente el informe que hizo el ginecólogo Germán Arango Rojas en la única vez que atendió a la menor de edad (sin poderla si quiera examinar), en donde él mismo señalaba que al momento de la consulta no se presentó copia de la denuncia penal. En todo caso, el Juez de segunda instancia consideró que el embarazo estaba muy avanzado como para ordenar el aborto, pues la madre ya estaba en el sexto mes de gestación.

3. El 27 de mayo de 2008, por medio de cesárea, la menor de edad discapacitada dio a luz a un bebe de sexo masculino, 3,160 gramos e peso, 48 cm de talla y un “APGAR: 6/8 con buena evolución”.

4. El 2 de octubre de 2008 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en la Sentencia T-946, revocó las decisiones de primera y segunda instancia y condenó solidariamente a COSMITET EPS y al Dr. Germán Arango Rojas por no haber obrado conforme con sus obligaciones y vulnerar los derechos fundamentales de la menor de edad, negándose a practicarle un aborto. En esa decisión, la Sala Tercera de Revisión equivocadamente sostuvo que el Dr. Arango había sido el médico tratante de la menor, que él había sido quien había concluido que la menor padecía el síndrome de Wilch o síndrome de Down y que había impedido la practica del aborto por objeción de conciencia.

Concretamente en la Sentencia T-946 de 2008 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional resolvió: (i) revocar las decisiones de primera instancia, conceder la acción de tutela y amparar los derechos sexuales y reproductivos, la integridad y la libertad de la menor de edad; (ii) advertir a Cosmitet Ltda., de abstenerse de interponer obstáculos cuando se solicite la interrupción voluntaria del embarazo de una discapacitada que ha sido víctima de acceso carnal violento, no consentido o abusivo, y de que esta solicitud podía hacerla cualquier persona en nombre de la menor de edad haciéndose necesario presentar, únicamente, copia del denuncio penal; (iii) comunicar al Tribunal Nacional de Ética Médica copia de lo resuelto; (iv) comunicar a la Superintendencia de Salud copia de lo resuelto con el fin de que adelante las investigaciones pertinentes contra Cosmitet Ltda.; (v) comunicar copia de la sentencia también a la Dirección del Sistema de Salud del Ministerio de la Protección Social con el mismo fin; (vi) condenar en abstracto a Cosmitet Ltda. y solidariamente al Dr. Arango Rojas a indemnizar a la víctima, y ordenar el incidente de reparación de perjuicios; (vi) ordenar remitir copia de lo resuelto a la Defensoría del Pueblo para que acompañe el incidente de reparación de perjuicios; y (vii) ordenar remitir copia del la decisión también al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen a los jueces de instancia.

5. Como consecuencia de esta decisión, el Dr. Germán Arango Rojas, quien no había sido vinculado al proceso de tutela por ninguno de los jueces de instancia, interpuso un incidente de nulidad contra la Sentencia T-946 de 2008 ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. El incidente fue resuelto negativamente por esa Corporación por medio del Auto 195 del 20 de mayo de 2009, pues se consideró que la solicitud del galeno era extemporánea.

6. El 25 de junio de 2009, el Dr. Arango interpuso recurso de reposición contra el Auto 195, el cual fue nuevamente negado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto fechado el 5 de octubre de 2009.

7. El 18 de noviembre de 2009, el Dr. Arango interpuso acción de tutela contra la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional ante la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, pues consideró contrario a sus derechos fundamentales que, sin que se le hubiera vinculado al proceso de tutela, se le hubiese condenado solidariamente a reparar los perjuicios supuestamente causados a la menor de edad a quien no se le había practicado el aborto solicitado por sus padres.

8. En sentencia del 4 de febrero de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, consideró que la tutela interpuesta por el Dr. Arango era improcedente por tratarse de una acción de tutela contra una sentencia de tutela.

9. Habiendo conocido del caso con motivo de la decisión de la Corte Constitucional, en decisión del 11 de agosto de 2009 el Tribunal Seccional de Ética Médica de Caldas suspendió provisionalmente del ejercicio de la medicina al Dr. Arango.

10. El 24 de noviembre de 2009 el Tribunal Nacional de Ética Médica confirmó la decisión del Tribunal Seccional, a pesar de que ésta incluso se sostuvo parcialmente en el Decreto 4444 de 2006, el cual ya había sido suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.

11. El 30 de noviembre de 2009, el Juez Primero Administrativo de Caldas resolvió el incidente de indemnización de perjuicios ordenado en la Sentencia T-946 de 2008, aunque advirtiendo, y por esta razón remitiendo copias a la Corte Constitucional, que al Dr. Arango Rojas jamás se le había vinculado al proceso que dio lugar a la condena en perjuicios que ahora se hacía contra él y contra Cosmitet Ltda por 127 millones de pesos.

12. El 10 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió definitivamente el incidente de liquidación de perjuicios, pero, encontrando fundada la solicitud que le hiciera el Ministerio Público, también remitió copias a la Corte Constitucional.

13. El 10 de mayo de 2010, el Procurador General de la Nación solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional “dar pronta respuesta sobre la manera en que se han protegido o se pretenden proteger los derechos fundamentales y especialmente el derecho al debido proceso (Art. 29 CP) del Doctor GERMÁN ARANGO ROJAS”, y le propuso como alternativas para ello declarar de oficio la nulidad de la Sentencia T-946 de 2008 o aclarar que ésta no le era oponible al Dr. Germán Arango Rojas.

14. El 6 de diciembre de 2010, según informó el mismo Presidente de la Corte Constitucional, la Sala Plena de esa Corporación decidió aclarar la Sentencia T-946 de 2008, precisando que ésta no tenía efectos sobre el Dr. Arango Rojas, toda vez que el mismo no había sido debidamente vinculado al proceso de tutela.

II. Efectos de la nueva de la decisión de la Corte Constitucional

1. La Sentencia T-946 de 2008 no le es oponible al Dr. Germán Arango Rojas. Esto quiere decir que no tienen efecto alguno ninguno de los juicios que de él se hacen en esa Sentencia y que, por virtud de la misma, el galeno ya no puede ser investigado o sancionado penal, disciplinaria o administrativamente.

2. La condena al Dr. Arango Rojas para que indemnice solidariamente los perjuicios supuestamente causados a la menor de edad discapacitada, que ordenó el Tribunal Administrativo de Caldas y que había sido reclamado por sus padres, ha perdido su sustento o fundamento jurídico y deberá revocarse.

3. La sanción ético-disciplinaria del Tribunal Nacional de Ética Médica, de la que fue objeto el Dr. Arango Rojas por motivo de no haber surtido con letra legible la historia clínica y no haber cumplido con lo ordenado en el Decreto 4444 ahora suspendido, dado que también tuvo su origen remoto en la Sentencia T-946 de 2008, también deberá revertirse.

III. Futuras actuaciones de la Procuraduría General de la Nación con respecto a este caso y a otros casos de la misma materia

1. Solicitar al Tribunal Administrativo de Caldas que adelante las acciones pertinentes para dejar sin efectos el auto de indemnización de perjuicios en que se solidariamente se condenó al Dr. Arango Rojas.

2. Solicitar al Tribunal Nacional de Ética Médica dejar sin efectos la sanción ético-disciplinaria que hizo al Dr. Arango Rojas y borrar de sus antecedentes toda referencia a esta sanción, toda vez que estuvo motivada en el equivocado análisis fáctico del caso y en la indebida sanción que hizo la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional en la Sentencia T-946 de 2008 y estuvo fundada en un Decreto del Ministerio de la Protección Social que para el momento de esa decisión ya había sido suspendido por el Consejo de Estado, entre otros.

3. Continuar adelantado las acciones pertinentes para amparar los derechos fundamentales de la madre discapacitada del caso en cuestión y de su bebé, dado en adopción a sus abuelos.

4. Reiterar y reforzar su compromiso con los derechos fundamentales de las niñas, jóvenes y adolescentes en estado de embarazo, especialmente de las menores de edad y de todas las mujeres discapacitadas, así como con los derechos de los médicos y demás profesionales de la salud que hagan uso del derecho fundamental a la objeción de la conciencia, y con el debido cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales (de todos los Altos Tribunales) y los actos administrativos, buscando especialmente la defensa y efectividad de los derechos humanos y los intereses de la sociedad.

 

Fecha de publicación: 9 de diciembre de 2010. 1:30 p.m.