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Procuraduría señala que la Reserva Forestal Protectora del Norte habría perdido su vigencia

 

 

Bogotá, 3 de diciembre de 2010. En comunicación dirigida a la Ministra de Ambiente, al Gobernador de Cundinamarca, al Alcalde Mayor de Bogotá y al Director de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), la Procuraduría General de la Nación llamó la atención de dichos funcionarios para que resuelvan en forma definitiva la situación jurídica de la zona denominada “Reserva Forestal Protectora del Norte”.

Según lo expresado por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, las Resoluciones 475 y 621 de 2000, expedidas por el entonces Ministerio del Medio Ambiente, habrían perdido su vigencia por la reciente expedición del Decreto 2372 del primero de julio de 2010, que se ocupa de reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

De otra parte, se menciona en la comunicación que la Procuraduría ha conocido que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la expedición de la Resolución 1510 del 5 de agosto de 2010, redelimitó la Zona Forestal Protectora del Nare en Antioquia (que mediante el Acuerdo 31 de 1970 declaró la Junta Directiva del INDERENA), a partir de la propuesta presentada a ese Ministerio por CORANTIOQUIA y CORNARE. En la nueva delimitación definida por el Ministerio, se sustrajo de la Reserva declarada un área de 6.571 hectáreas de suelos suburbanos, de centros poblados y las áreas de mayor desarrollo inmobiliario.

Llama poderosamente la atención de este Órgano de Control la forma como se ha abordado el tema de la Reserva Forestal Protectora del Norte de Bogotá por parte del Ministerio y de la CAR, en contraste con la actitud planteada por el mismo Ministerio en el caso del Nare en Antioquia, en el que sí se redelimitó un área de reserva con base en la realidad fáctica de la zona. Sorprende, por decir lo menos, la ausencia de equidad y equilibrio con la que se está manejando el tema en la Sabana de Bogotá.

El Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios recuerda que las Resoluciones 475 y 621 de 2000 fueron expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente para resolver algunos desacuerdos surgidos entre la autoridad ambiental regional y Bogotá, a propósito precisamente de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial de la época (1999), y hoy se encuentra en proceso la elaboración de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

Por último, el Procurador Delegado llama la atención de las autoridades responsables de resolver la problemática ambiental de la Zona Norte de Bogotá, para que tengan en cuenta las propuestas de la comunidad en el sentido de conocer la verdadera situación de la zona, tanto en lo que corresponde a las áreas deterioradas e intervenidas, así como aquellas que aún conservan alguna vocación ambiental con el fin de evitar que se sigan fraccionando los ecosistemas existentes.

No tiene explicación, para la Procuraduría General de la Nación, el desdén manifestado por el Ministerio de Ambiente y las directivas de la CAR, en relación con las propuestas presentadas por la comunidad asentada en la zona, la sociedad civil, la academia y las instituciones científicas, verdaderas conocedoras de las circunstancias ambientales que allí se encuentran.

Fecha de publicación: 3 de diciembre de 2010. 11:15 a.m.