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Procurador General revela aspectos de la propuesta de reforma al Estatuto de Contratación

 

Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación.
Intervención del Procurador General de la Nación

Bogotá, 11 de noviembre de 2010. En el marco del Foro sobre Infraestructura y Contratación Estatal que se lleva a cabo en la capital del país, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció que dada la preocupante y aberrante situación en que se encuentra la contratación pública en el país, este órgano de control liderará una reforma estructural al Estatuto de Contratación Pública vigente, en cinco ejes temáticos que tocan aspectos de tal importancia como son las concesiones, la contratación interadministrativa, el manejo de los anticipos y de las interventorías, y las adiciones y modificaciones a los contratos estatales.
 
El jefe del Ministerio Público fue enfático en señalar que el diseño y ejecución de todo proyecto debe estar orientado a satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad y del Estado en general: “No resulta razonable entonces aprobar e iniciar proyectos o megaproyectos que involucran cuantiosísimos recursos del erario público, para construir los denominados “elefantes blancos”. Obras que por no atender a ese interés público y bienestar común se constituyen en verdaderos monumentos a la desidia y al despilfarro”.

Al hacer referencia a la problemática de las concesiones viales y de sistemas de transporte masivo en el país, el Procurador indicó que se observan graves problemas que van desde los atrasos en la ejecución de las obras, hasta la generación de sobrecostos que afectan el valor total de la obra y en consecuencia el erario público. 

En este sentido señaló que la Procuraduría se apresta a liderar mesas de trabajo que tienen como propósito presentar una reforma de fondo al Estatuto de Contratación Pública: “Con base en diferentes estudios formulados sobre esta problemática, y con base en los resultados de las investigaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General, se afrontará el análisis y estructuración de la reforma propuesta”, señaló.
 
Reveló además que se encuentran estudios que indican cómo cinco de las más importantes concesiones viales del país tienen en común que a pesar de recibir multimillonarias adiciones económicas por parte del Gobierno, no han logrado ejecutar el plan de obras en los plazos previstos: se trata de la Malla Vial Valle del Cauca-Cauca, la del Oriente de Medellín, Bogotá-Girardot, Cartagena-Barranquilla y la Autopista del Café.

Otro tipo de contratación al que hizo referencia el Procurador General durante su intervención, es el de los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, suscritos por parte de las alcaldías locales, por un valor cercano a los 20.000 millones de pesos, algunos de ellos con objetos tan abstractos como “aunar esfuerzos con el fin de apoyar el sector cultural de la comunidad”  y/o, “aunar esfuerzos para desarrollar proyectos que beneficien el sector rural”.

El Procurador señaló además que en algunas gobernaciones está ocurriendo una situación similar, no sólo por la cuantía de los recursos invertidos, sino por las anomalías que se presentan: “a través de las distintas Secretarías  se celebran contratos interadministrativos con Fundaciones, Fondos Mixtos o Empresas Industriales y Comerciales - con participación pública -,  para eludir al parecer los mecanismos de contratación previstos en la ley, cuya regla general es la licitación pública (…) Son contratos que llegan a ocupar en algunos casos hasta el 90 por ciento de toda la contratación del departamento y cuyos valores pueden ascender a más de 100.000 millones de pesos al año”.

Con respecto a la referida reforma, puntualizó que está orientada a exigir a los funcionarios una efectiva, eficaz y oportuna actuación, tanto en el diseño de los pliegos de condiciones, en su estudio y toma de decisiones, así como en la verificación al cumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de los contratistas. Destacó además la importancia de garantizar a la ciudadanía examinar las actuaciones desarrolladas en el trámite de los procesos contractuales y el acceso a los estudios evaluativos y de calificación de las propuestas, en aras de impedir prácticas irregulares que afectan la transparencia en los procesos de contratación.


Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2010. 5:05 p.m.