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En Congreso Internacional, Procuraduría presenta conclusiones de estudio sobre la gestión del cambio climático

 

 

Santa Marta (Magdalena), 29 de octubre de 2010. En el desarrollo del Congreso Internacional “Ética Pública y Globalización del Derecho”, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, reveló detalles del informe preventivo que adelanta esta dependencia frente a la gestión del cambio climático en Colombia.

El documento, que será publicado próximamente con el apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, se elaboró con base en la información reportada por las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales del país.

Las primeras conclusiones presentadas a los asistentes al Congreso Internacional de la Procuraduría muestran que:

· Existe un vacío jurídico en Colombia frente al tema de cambio climático, ni el Congreso de la República, ni el ente rector de la política ambiental (MAVDT), han expedido ni reglamentado actos administrativos tendiente a regular el fenómeno del cambio climático y sus consecuentes impactos en el sistema hidroclimático y biofísico del país.

· Se advierte falta de gestión por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las autoridades ambientales del país, pues no existe una línea específica de trabajo que tenga en cuenta la situación del cambio climático en las diferentes zonas del país.

· Las CAR de todo el país, exceptuando Coralina del archipiélago de San Andrés Islas, aún no han realizado una evaluación para determinar la vulnerabilidad de sus ecosistemas a los impactos del cambio climático.

· Dentro de los planes de acción de las CAR no existe un rubro que atienda la línea de cambio climático. Dicha línea es trabajada de manera indirecta a través de otros proyectos que desarrolla la corporación.

· Es irónico que el 98% de las autoridades ambientales del país estén trabajando dentro de su Plan de Acción en la Gestión Integral del Recurso Hídrico, cuando el gobierno central propende por la explotación minera y de hidrocarburos en todo el país.

· Las Corporaciones Cardique y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico muestran bajos índices de gestión frente al tema de cambio climático.

· No existe una evaluación que les permita a las CAR identificar los costos económicos que les genera el cambio climático en sus zonas.

Señala el Procurador Delegado Amaya Navas, que si bien es clara la intención de nuestro país en dar cumplimiento a las obligaciones contraídas frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –CMNUCC- y al Protocolo de Kyoto, relacionadas con las estrategias nacionales frente al Cambio Climático, en nuestro país existe un vacío frente a la reglamentación y normatividad específica en al tema.

Pese a encontrarse diferentes propuestas de políticas o lineamientos de políticas, las iniciativas han quedado allí, sin que haya un desarrollo normativo y más aterrizado sobre el tema.


Fecha de publicación: 29 de octubre de 2010. 12:30 p.m.