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Comunidad del norte de Bogotá presenta propuesta de reglamentación de la Reserva Forestal

 

 

Bogotá, 11 de de octubre de 2010. Convocada por la Procuraduría General de la Nación, el miércoles 6 de octubre se llevó a cabo una reunión en la que se escuchó la propuesta de la comunidad localizada en la zona de la Reserva Forestal Regional del Norte, sobre la reglamentación de la misma.

La reunión fue presidida por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, quien señaló que este órgano de control ha acompañado permanentemente el proceso de reglamentación de esta reserva forestal, e hizo énfasis en que la propuesta que se ha discutido fue planteada por la misma comunidad y ha sido analizada por las autoridades ambientales competentes.

A la reunión asistieron además delegados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma Regional (CAR), la Secretaría Distrital de Ambiente y la Gobernación de Cundinamarca.

La propuesta de la comunidad

El Coordinador Administrativo y Jurídico de la Asociación Para el Desarrollo Integral de la Zona de Influencia de la vía Suba-Cota (ASODESSCO), Fernando Amaya, presentó la propuesta de reglamentación construida por la comunidad, la cual considera un modelo de desarrollo sostenible basado en la conectividad ecológica, con la protección de los humedales y la construcción de corredores ambientales.

La propuesta hace referencia a la importancia de reconocer la realidad del territorio, como determinante para el ordenamiento territorial, realidad que se traduce en los puntos de importancia ambiental, zonas residenciales, comerciales, industriales, institucionales, de equipamiento, de protección, de riesgo, de movilidad, y en general aquellas que el inventario del propio territorio ofrece.

El concepto de la Procuraduría

En el trámite de adopción del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá del año 1999, se presentaron algunas diferencias entre el concepto de la Secretaría Distrital de Ambiente y la CAR, en las que medió el entonces Ministerio de Medio Ambiente con la expedición de las Resoluciones 475 y 621 de 2000, mediante las cuales se decidió que la zona de los bordes norte y noroccidental de Bogotá fuera declarada reserva forestal, para que fuera acogido en el POT del Distrito.

Diez años después de la expedición de las referidas resoluciones se evidenció que múltiples circunstancias habían impedido su ejecución. La Procuraduría General de la Nación, a través de un concepto dirigido en mayo de 2010 a las autoridades distritales, manifestó su preocupación por el deterioro ambiental observado en esa importante zona de la Sabana de Bogotá y citó como causas, entre otras, la falta de articulación de las autoridades ambientales regionales y el Distrito Capital, el crecimiento desmedido de la ciudad en un proceso de conurbación en detrimento de los componentes ambientales y urbanísticos, y la carencia de una herramienta jurídica de planeación y de ordenamiento del territorio que refleje la realidad de esa zona.

La Procuraduría señaló en el citado concepto que no compartía la figura jurídica de la “Reserva Forestal Protectora”, que fue planteada, pues se escogió una zona que ya estaba intervenida y por lo tanto nunca ha cumplido con las características propias de una reserva forestal. Consideró además que es URGENTE que el Distrito Capital y las autoridades ambientales adopten las medidas que consideren necesarias para evitar que el 2,5% del área de la zona norte de la capital continúe con el deterioro paulatino que viene presentando en los últimos años: “Es menester promover para el área que aún persiste con vocación ambiental esquemas jurídicos más exigentes y restrictivos que el que se propuso en las Resoluciones. 475 y 621 de 2000”.

En la reunión del 6 de octubre, el Procurador Delegado manifestó que la Procuraduría considera “idónea” la propuesta de reglamentación construida por la comunidad, y enfatizó que la labor que en este proceso cumple el Ministerio Público es de acompañamiento preventivo, y que la decisión deberá ser adoptada por las autoridades ambientales.

 

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2010. 11:30 a.m.