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Pliego de cargos contra ex funcionarios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

 

 

Bogotá, 9 de septiembre de 2010. Por posibles irregularidades presentadas en un proceso de selección abreviada para la adjudicación de tiquetes aéreos y servicios complementarios, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el señor Hebert Artunduaga Ortiz, en su condición de Secretario General del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

La decisión también cobija a la señora María Deissy Castiblanco Ruiz, en su calidad de Coordinadora del grupo Administrativo; el señor Raúl Gaitán García, en su condición de coordinador del Grupo de Finanzas y Presupuesto y William Ignacio Pabón Parrado, en su calidad de Coordinador (e) del grupo de Contratos del citado Ministerio.

Al parecer, las propuestas presentadas no se habrían calificado adecuadamente, por cuanto a uno de los proponentes no se le asignó puntaje en el ítem de descuento pese que éste ofreció un descuento del 3.3 por ciento. El Ministerio habría argumentado que el oferente no acompañó esta cifra del símbolo de porcentaje (%), lo que impedía precisar a que unidad de medida correspondía dicha cifra.

En consecuencia, el entonces Secretario General pudo incurrir en irregularidades al adjudicar el proceso de selección abreviada y al haber dado respuesta a las observaciones hechas a la calificación, al parecer, sin atender debidamente las aclaraciones presentadas por tal proponente el cual reclamaba, en derecho, la asignación de puntaje a su propuesta.

A los señores Gaitán García, Castiblanco Ruiz y Pabón Parrado se les cuestiona el haber suscrito un acta del comité evaluador del proceso de selección ya mencionado, mediante la cual se le otorgó un puntaje de cero (0) a la propuesta que ofreció un mayor porcentaje de descuento, argumentando que este proponente había consignado en su propuesta la cifra de 3.3 pero sin haberse acompañado con el símbolo de porcentaje (%).

Adicionalmente, los funcionarios ya mencionados no aceptaron las aclaraciones presentadas a tiempo por el proponente afectado, e insistieron, a través de otra acta, en su recomendación inicial de adjudicar el proceso de selección a otra firma participante.

A juicio del Ministerio Público, al no aceptarse la aclaración del proponente en el sentido de que la cifra de 3.3 correspondía al porcentaje de descuento “se terminó desechando la propuesta que mayor porcentaje de descuento ofrecía (…) y que de no ser por dicha irregular calificación debió ser la propuesta escogida en el cuestionado proceso de selección”.

 

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2010. 8:15 a.m.