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Procurador General de la Nación invoca la inmediata reacción de la sociedad civil contra los violentos

 

· Debemos cerrar los caminos de los violentos, con información y sanción social moral.
· Con sus acciones se alejan abismalmente de los espacios políticos.
· Rodear y blindar son el espíritu de la sociedad civil a los miembros de las Fuerzas Armadas, siempre dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales.
· Invitar al estricto respeto del Derecho y entender que las acciones ejecutadas convierte a sus autores materiales e intelectuales en criminales internacionales perseguidos sin límites geográficos o temporales.  

Bogota, 3 de septiembre de 2010. Ante los recientes hechos violentos que cobraron la vida de catorce  miembros de la Fuerza Pública  en la emboscada que se produjo en el corregimiento de Maguaré, entre Doncello y Rionegro (Caquetá), el pasado  día miércoles, así como ante acontecimientos similares en Nariño y Norte de Santander, el Procurador General de la Nación requiere la inmediata reacción de la sociedad civil, invitando a campesinos, comerciantes y ciudadanía a general a cerrar el camino de los violentos de cualquier origen, denunciando oportunamente la ocurrencia de posibles hechos de terrorismo y haciéndoles entender a los actores ilegales que con sus acciones se distancian abismalmente, cada día mas, de los espacios políticos y sociales que les permiten sobrevivir en nuestra nación. 

Afirmó, igualmente, que la violencia como aparente instrumento de acción política ha demostrado su fracaso, tanto en los escenarios locales como internacionales. La reacción ante estas acciones es común  y genera repudio en todos los planos de la vida social e individual, pero se requiere la expresión unánime de las fuerzas políticas y sociales de cualquier origen ideológico, para hacer comprender a los compatriotas que aún viven en el equívoco, que deben emprender un nuevo diseño de sus estrategias y tácticas, que les permitan en el escenario democrático y participativo expresar sus ideas, de forma coherente y justa, no sobre la tumba de nuestros campesinos que visten el uniforme patrio. 

Recuerda el señor Procurador, que el respeto a los derechos y a la humanidad del ajeno, es un principio hoy aceptado en todos los escenarios políticos, no se comprenden como civilizadas acciones donde el ciudadano en condiciones de indefensión pueda ser torturado o rematado hasta causarle la muerte. Tales acciones reducen la condición moral y social del autor y lo definen como simple bárbaro o terrorista, no existen hoy fórmulas o construcciones ideológicas o morales que justifiquen tales acciones. En el marco de la justicia local e internacional los eventos ocurridos deben ser oportunamente investigados y sancionados.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público expresa su pesar por el sacrificio máximo que los servidores públicos han aportado a la Nación, extiende a los familiares de los caídos sus sentimientos de solidaridad y exige en el marco de sus funciones, a las autoridades competentes inmediatas acciones de control e investigación que determinen y apliquen las sanciones correspondientes a los autores y cómplices de estos hechos reprochables. 

Al mismo tiempo, manifiesta su preocupación por la tolerancia de algunos sectores de la sociedad civil ante la observación de posibles actos terroristas y su negligencia al no denunciar e informar en forma oportuna a las fuerzas de seguridad con el fin de contener las acciones, que posteriormente los afectan en forma directa o indirecta. La sociedad civil debe superar su egoísmo individual y debe comprender que este tipo de acciones, más temprano que tarde, afectará sus intereses.

Con el fin de atender la inmediata reacción Estatal frente a los hechos ocurridos, el señor Procurador ha dispuesto que los procuradores delegados de Derechos Humanos,  De Policía Nacional y ante el Ministerio Público, actúen en forma inmediata con la mayor celeridad y rigurosidad en los procesos judiciales y administrativos que deben emprenderse por los hechos acaecidos, en defensa del interés público general, tal como lo establecen los artículos 118 y 227 Constitución Política de Colombia. 

 

Fecha de publicación: 3 de septiembre de 2010. 10:10 a.m.