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Procuraduría revela informe de Vigilancia a la Sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en tres casos excepcionales


 

Bogotá, 24 de agosto de 2010. En el marco de la primera rendición pública de cuentas de la administración del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó el Primer Informe de Vigilancia de la Sentencia C-355 de 2006.

A través de esta Sentencia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos específicos: Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Del Informe presentado por la Procuraduría, con base en cifras de los años 2007 a 2009, se destaca:

· 17 de las 32 Secretarías de Salud Departamentales han cumplido con su obligación de emitir lineamientos dirigidos al personal sanitario en relación con esta Sentencia.

· 25 regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) prestan actualmente servicios de asesoría integral a las adolescentes gestantes que se encuentren dentro de las causales referidas en la Sentencia C-355.

· Las EPS han reportado la realización de 106 asesorías integrales relacionadas con las causales de justificación penal del aborto.

· Las estimaciones sobre cifras de aborto clandestino disponibles están desactualizadas, y según la fuente citada varían entre 65.000 y 450.000.

· Según información del Ministerio de la Protección Social, hasta el 31 de diciembre de 2009 en Colombia se habían realizado 623 abortos no constitutivos de delito. El Ministerio ha invertido hasta la fecha 36 mil millones de pesos en la implementación de la Sentencia C-355 de 2006, así como en los derechos sexuales y reproductivos.

· Del número total de abortos no constitutivos de delito practicados y registrados por el Ministerio de la Protección Social, el 6% de ellos se han practicado en niñas de 14 años o menores, el 9% en adolescentes entre 15 y 17 años y el 85% en mujeres de 18 años o mayores.

· La causal más invocada para la práctica del aborto en Colombia es la grave malformación del feto que hace inviable su vida (61%).

· No existen lineamientos dirigidos al personal sanitario con el fin de garantizar a los bebés sobrevivientes a un intento de aborto, los mismos cuidados y tratamientos a que tiene derecho cualquier recién nacido.

· El 65% de los abortos no constitutivos de delito se han realizado dentro del régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud.

· La información recaudada hasta el momento sobre el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, no permite establecer si se ha convertido en una barrera para la realización de abortos no constitutivos de delito.

· Son mínimos los reportes sobre discriminación contra personal médico o administrativo, derivadas de la práctica de abortos o de la presentación de objeciones de conciencia.

· En cuanto a las medidas de apoyo para las mujeres gestantes, se observa que los subsidios alimentarios ofrecidos por las alcaldías son muy restrictivos; menos de la mitad de las Direcciones Regionales del ICBF vincularon adolescentes al programa “Casa de Madres Gestantes” y sólo el 40% de las Entidades Promotoras de Salud vincularon niñas y adolescentes con embarazos no deseados, a programas de asistencia y cuidado.

Recomendaciones de la Procuraduría a las entidades competentes

· Garantizar en debida forma los derechos de las mujeres gestantes que al estar amparadas en las situaciones excepcionales previstas en la mencionada Sentencia solicitan se les practique el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el cual debe estar disponible en todo el territorio nacional.

· Expedir leyes que regulen la tutela o curatela de niñas y adolescentes que soliciten la práctica de un aborto no constitutivo de delito, para regular el acceso al aborto por parte de las mujeres que se encuentren dentro de las causales excepcionales de despenalización, las competencias disciplinarias del Tribunal de Ética Médica, el derecho a la libre asociación de las entidades privadas de salud y educación, y para que se proteja el derecho de objeción de conciencia de todas las personas e instituciones que puedan verse involucradas con la práctica del procedimiento de IVE.

· Mejorar el registro de información relacionada con la práctica de abortos penalizados y despenalizados.

· Realizar actividades de difusión de la Sentencia C-355 de 2006, enfatizando el carácter restrictivo de las causales de justificación de aborto allí contempladas, así como la protección constitucional establecida a favor de la vida del no nacido, advirtiendo de la ilegalidad de prácticas eugenésicas y dando a conocer tanto las alternativas que existen frente al aborto, como el derecho que asiste a las pacientes que se lo hayan practicado para acceder a servicios médicos y psicológicos para atender los problemas que les ocasione el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

· Realizar un seguimiento a la salud mental de las mujeres que se practiquen abortos voluntarios con el fin de establecer cuál es el impacto que éste tiene sobre ellas a mediano y largo plazo.

· Realizar una encuesta entre el personal médico y los usuarios de servicios de salud, con el objetivo de establecer su nivel de conocimiento sobre cada uno de los tres casos excepcionales en que la práctica del aborto fue justificada penalmente, así como para dar a conocer el derecho que les asiste de objetar en conciencia.

· Adelantar estudios que permitan establecer con el mayor grado de certeza el número de abortos clandestinos que se realizan anualmente en Colombia, el número y tipo de complicaciones para la salud de la mujer que se derivan de ellos, el costo de su atención por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como el número de muertes ocasionadas por esta causa.

El Procurador General propondrá un proyecto de ley que garantice la protección del derecho fundamental a la objeción de conciencia que asiste a todas las personas, en relación con la práctica de los abortos no punibles. De la misma manera liderará el cumplimiento de la orden dada por la Corte Constitucional en la sentencia T-388 de 2009, referente al diseño y ejecución de campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en consonancia con lo establecido en la Sentencia C-355 de 2006, buscando la armonización de los derechos de las mujeres con la protección de la vida del no nacido.

El Informe fue elaborado en el marco del Sistema de Vigilancia Superior a la Garantía de los Derechos desde la Perspectiva de Género que adelanta la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, con base en la información remitida a la Procuraduría por parte del ICBF, el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia de Salud, las Comandancias de Policía, las Procuradurías Regionales y Provinciales, las Secretarías de Salud Departamentales, los Tribunales de Ética Médica y las Alcaldías Municipales.

 


Fecha de publicación: 24 de agosto de 2010. 10:00 a.m.