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Por arbitrariedad en diligencia de allanamiento, PGN pidió a Consejo de Estado confirmar responsabilidad de la Policía Nacional

 

 

Bogotá, 17 de agosto de 2010. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmar el fallo proferido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la responsabilidad de la Policía Nacional en un operativo de allanamiento a una fábrica de juegos pirotécnicos.

Según los hechos, el 26 de diciembre de 2003 un grupo de más de 30 policías al mando del Mayor Víctor Hugo Castañeda Guarnizo, llegó hasta la finca El Recuerdo, ubicada en la vereda Fusunga del municipio de Soacha (Cundinamarca), para cumplir un operativo de allanamiento en la fábrica Industria Pirotécnica El Encanto, de propiedad de Jairo Alfonso Camelo Peña, y procedió al decomiso de materias primas y producto terminado, al tiempo que se privó de la libertad al propietario por espacio de 24 horas.

Durante el proceso se demostró que el oficial no tenía jurisdicción para adelantar el operativo por cuanto este se cumplió en el municipio de Soacha, donde no es aplicable el Código de Policía de Bogotá, bajo el cual se cumplía el allanamiento.

Así mismo, la privación de la liberad de que fue objeto el demandante, estuvo desprovista de legalidad, lo que configuró otro exceso por parte del personal de la Policía.

El concepto presentado por el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, Wilson Ruiz Orejuela, refirió que el demandante fue objeto de una privación injusta de la libertad producto de una detención administrativa que fue arbitraria, la cual se hizo efectiva en virtud de un procedimiento de allanamiento e incautación llevada a cabo por efectivos de la Policía Nacional, que carecía de soporte legal, pues se realizó bajo el amparo de normas que no tenían aplicación en el municipio de Soacha.

Para la Procuraduría, el señor Camelo Peña se encontraba desarrollando una actividad laboral lícita y la actuación de la Policía configuró una falla en el servicio por lo que surge para el Estado la obligación de indemnizar los perjuicios causados conforme con los parámetros jurisprudenciales del Consejo de Estado.


Fecha de publicación: 17 de agosto de 2010. 12:45 p.m.