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PGN pide al Consejo de Estado confirmar fallo en caso de privación de libertad por no declaración de divisas

 

 

Bogotá, 12 de agosto de 2010. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmar el fallo proferido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de una demanda por presunta falla en el servicio de la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos se relacionan con la medida de aseguramiento ordenada por la Fiscalía en contra de la señora Paula Elitania García Alvarado, con privación de la libertad entre el 26 de diciembre de 2001 y el 5 de junio de 2003, por no declarar ni justificar el ingreso al país de 512 mil dólares en un viaje proveniente de México, proceso en que se profirió sentencia absolutoria por el delito de lavado de activos por duda sobre la responsabilidad penal.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que las circunstancias de tiempo, modo y lugar demuestran que la demandante introdujo una abultada suma de divisas buscando esconderlas de las autoridades aduaneras y las distintas versiones ofrecidas por ella permiten concluir que su conducta constituye culpa exclusiva, que dio lugar a la imposición de medida de aseguramiento en su contra.

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, Wilson Ruiz Orejuela, en concepto presentando ante la Sección Tercera del Máximo Tribunal de la Contencioso Administrativo, indicó que, en este caso particular, no existe responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por cuanto se configuró un excluyente de responsabilidad.

Para el Ministerio Público, la privación de la libertad se produjo por culpa exclusiva de la víctima por cuanto la señora Paula Elitania García nunca dio explicaciones claras sobre la existencia del dinero encontrado de manera sospechosa en su maleta, además de haber cambiado siempre sus versiones sobre la procedencia del dinero.

A juicio de la Procuraduría, no se encuentran probados los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por causa de la imposición de una privación de la libertad ni el carácter injusto de la misma, por lo que no deben prosperar las pretensiones indemnizatorias reclamadas por la demandante.



Fecha de publicación: 12 de agosto de 2010. 5:45 p.m.