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Intervención de la PGN permitió establecer nuevos acuerdos conciliatorios

 

 

Bogotá, 29 de julio de 2010. La intervención de la Procuraduría General de la Nación permitió concretar tres acuerdos conciliatorios dentro de las competencias otorgadas por la Ley para promover la conciliación extrajudicial.

Los casos se relacionan con las convocatorias solicitadas por la BP Exploration Company Colombia Limited contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; por el municipio de Bucaramanga contra la Caja de Previsión Social EICE en liquidación; y por la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud ECOOPSPS ESS EPS contra el FOSYGA Ministerio de Protección Social.

Con esta labor, del Ministerio Público se contribuye a descongestionar los despachos judiciales y a proyectar la figura de la conciliación como un medio idóneo y expedito para resolver conflictos entre los particulares y entidades del Estado.

Licencia ambiental Proyecto Cusiana

El primero de los casos está relacionado con una licencia ambiental de operación del “Proyecto Facilidades Tempranas de Producción (CPF) Cusiana Fase I”, ubicado en el municipio de Tauramena (Casanare), en la que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso a la BP Exploration Company Colombia Limited la obligación de aportar $1.000.000 de dólares, suma equivalente al 1% del total de la inversión, para el desarrollo de obras y acciones de recuperación, preservación y conservación en el área de influencia del proyecto, valor que supera los $1.867.000.000 de pesos colombianos.

Dado que las obras y actividades del CPF se iniciaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993 que reglamenta, entre otros, las tasas retributivas que debe asumir todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales, la BP no está obligada a realizar dichas inversiones, por lo tanto durante la audiencia prejudicial las partes acordaron revocar los actos administrativos 1293 y 2254 de 2009 sobre el proyecto CPF Cusiana Fase I, proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Con ocasión del proceso conciliatorio adelantado por la Procuraduría General de la Nación, el Estado dejo de pagar  una suma equivalente a los cuatro o cinco mil millones de pesos,  suma que resulta de trasladar la cifra actual al momento en que se profiera el fallo por la Jurisdicción Administrativa.

Es importante resaltar que es la primera vez que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realiza una conciliación de esta magnitud, muestra clara de las bondades de la conciliación administrativa.

Cobro coactivo contra el municipio de Bucaramanga

En el segundo caso, el municipio de Bucaramanga solicitó a la Caja de Previsión Social EICE en liquidación, la declaración de nulidad del Auto 078 de 2009, en el que se ordena continuar la ejecución de cobro coactivo contra el municipio por valor de $1.727.972.686,54, con el fin de que este pueda hacerse parte en el proceso y garantizar su derecho a la defensa. Surtida la audiencia de conciliación, la Caja de Previsión Social aceptó la propuesta presentada por el municipio de Bucaramanga.

En este caso, cabe destacar la voluntad de las entidades estatales al momento de llegar a acuerdos, lo que indica claramente el cambio institucional frente a la figura de la conciliación.

Recobro de medicamentos al FOSYGA

En el último caso conciliado, la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud ECOOPSPS ESS EPS solicita al FOSYGA, Ministerio de Protección Social, el pago por concepto de solicitudes de medicamentos y servicios prestados, autorizados por el Comité Técnico Científico y que se encontraban excluidos del POS, los cuales fueron rechazados por presentar la cuentas con extemporaneidad en los meses de enero y octubre de 2009.

Durante la audiencia se logró conciliar las pretensiones que ascendían a $702.428.820, luego de que el FOSYGA, Ministerio de Protección Social analizara los documentos allegados por ECOOPSPS ESS EPS y concluyera que de los 310 recobros solicitados, 298 cumplían con la documentación requerida y estaban dentro de la vigencia para efectuar el recobro, lo que significó una disminución de $30.972.855 en el valor pretendido.

Esta es una muestra clara de los aportes de la conciliación en materia social, pues las entidades prestadoras de salud se verán avocadas a optimizar ostensiblemente la prestación del servicio de salud, al entender que el Estado cumple con sus obligaciones por intermedio de la conciliación.


Fecha de publicación: 29 de julio de 2010. 3:30 p.m.