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Inmovilización de motocicletas para el pago de multas es inconstitucional, dice el Procurador General de la Nación

 

 

Bogotá 27 de julio de 2010. La medida de inmovilizar las motocicletas como un medio para lograr el pago de las multas producto de infracciones de tránsito, contemplada en la reforma al Código Nacional de Tránsito, es inconstitucional.

Así lo indicó el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en un concepto presentado ante la Corte Constitucional, en el cual solicita se declare inexequible la expresión contenida en el artículo 21, numerales D3 - D7 de la Ley 1388 de 2010 según la cual: “En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito”.

La norma impone a los motociclistas como sanción accesoria la inmovilización de su motocicleta, además de la multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes prevista como sanción principal por la comisión de infracciones de tránsito.

Para el Ministerio Público, con esta disposición se incurre en una discriminación negativa al someter a los motociclistas a una sanción que no está contemplada para otros conductores de vehículos automotores que incurran en las mismas infracciones, aplicándoles la inmovilización, que el Código establece para las faltas más graves o para los casos de reincidencia, sin que exista una justificación adecuada para ello.

Además, a juicio del Procurador General, esta sanción accesoria no puede ser utilizada como una especie de medida cautelar para asegurar el recaudo de la multa, pues la finalidad principal de las sanciones es asegurar el respeto de las normas de tránsito, existiendo otros medios adecuados para lograr el cobro coactivo de aquella.

Así las cosas, la inmovilización de las motocicletas, al limitar de manera significativa la libertad de circulación y, en aquellos casos en los cuales el vehículo se usa para trabajar, el derecho al trabajo y a la libre escogencia de profesión u oficio, de sus conductores, constituye para el Ministerio Público una medida desproporcionada para el fin que persigue.


Fecha de publicación: 27 de julio de 2010. 2:00 p.m.