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PGN solicitó decretar revocatoria directa en proceso de actualización catastral de Ibagué

 

 

Bogotá, 16 de julio de 2010. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Ibagué y al IGAC Regional Tolima decretar la revocatoria directa de los actos administrativos mediante los cuales se adelanta el proceso de actualización catastral en la zona urbana del municipio de Ibagué para la vigencia 2010.

Para la Procuradora Regional del Tolima, Gloria Esperanza Millán Millán, la contratación desarrollada por el IGAC Tolima desconoce lo consagrado en el Estatuto de Contratación, por cuanto se ha usado de manera indebida la modalidad de la prestación de servicios.

Considera el Ministerio Público que la crisis por la que atraviesa dicho proceso encuentra como una de sus causas el hecho de que no hubo claridad en la escogencia del subcontratista que tenía a su cargo la elaboración del estudio técnico que sustenta la actualización catastral para el municipio.

Mencionó que para la elaboración de los estudios temáticos de zonas homogéneas neoeconómicas y físicas, estudio del mercado inmobiliario y estudio del plan de ordenamiento territorial, se debió acudir al contrato de consultoría y no al de prestación de servicios, por cuanto para objetos como este debe mediar el concurso de méritos, según lo normado en la ley 1150 de 2007.

A juicio de la Procuraduría, la contratación del personal de campo para la recolección de la información, mediante la modalidad de la prestación de servicios, genera riesgos para la administración municipal, por cuanto las condiciones de subordinación que plantea su ejecución pueden hacerlos derivar en contrato realidad con las implicaciones adversas de tipo jurídico que tal hecho plantea.

Destacó que, si bien es cierto, existe un retraso superior a cinco años en la actualización catastral de Ibagué, los resultados de esa omisión de carácter administrativo, no se le pueden cargar directamente al ciudadano, sin contar con una fórmula de arreglo para asumir la asignación tributaria que general tal obligación.

Finalmente, recomendó que para evitar el impacto económico que tendría para las finanzas municipales el hecho de tener que devolver lo pagado por los contribuyentes, se estudie la posibilidad de que se haga de manera gradual durante las siguientes vigencias mediante el cruce de cuentas y para quienes aún no han pagado se aplique el reajuste del IPC, tal y como fue dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto 4945 de 2009.

 

Fecha de publicación: 16 de julio de 2010. 5:10 p.m.