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PGN citó a Audiencia Pública a dos ex gerentes de CAJANAL


 

Bogotá, 8 de julio de 2010. Frente al cúmulo de quejas formuladas por violación al derecho de petición y por desacato a fallos de tutela, la Procuraduría General de la Nación ordenó adelantar proceso disciplinario verbal y citó a audiencia pública a dos ex gerentes generales de CAJANAL.

A la diligencia deberán concurrir el señor Augusto Moreno Barriga, en su condición de Gerente General de CAJANAL, en el periodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2006 y el 20 de mayo, y la señora Julia Gladys Rodríguez D’Aleman, en su condición de Gerente y como liquidadora de CAJANAL, desde el 12 de junio hasta el 10 de diciembre de 2009.

Durante la Audiencia, los ex funcionarios podrán presentar las explicaciones pertinentes respecto de la posible falta de respuesta a los derechos de petición que les fueron formulados. También se les piden explicaciones porque pueden haber incurrido en conductas descritas en la ley penal como delito, al sustraerse del cumplimiento de obligaciones impuestas por decisiones judiciales, al no acatar los fallos de tutela que los obligaban a dar respuesta a las solicitudes formuladas.

La audiencia que se adelantará el próximo lunes 12 de julio de 2010 en el Auditorio Antonio Nariño de la Sede Principal de la Procuraduría General de la Nación, será dirigida por el Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, Fernando Brito Ruiz, quien fue designado funcionario especial por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para adelantar este proceso disciplinario.

Según se ha podido establecer, existen más de cuatro mil quejas e informes de funcionarios judiciales, relacionados con falta de respuesta o respuesta por fuera de los términos legales a derechos de petición, lo mismo que innumerables desacatos a decisiones adoptadas por los jueces.

El Procurador Delegado explicó que durante el proceso disciplinario se tendrán en cuenta las quejas recibidas en la Procuraduría General de la Nación por los afectados y los informes oficiales remitidos por los diferentes despachos judiciales que refieren al Órgano de Control las violaciones a los derechos de petición elevados y los desacatos a los fallos de tutela.

Las faltas en cuestión están calificadas, provisionalmente, como gravísimas, y, de comprobarse, pueden dar lugar a destitución de estos funcionarios e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

 

Fecha de publicación: 8 de julio de 2010. 4:20 p.m.