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Procuraduría General de la Nación responde acción de tutela interpuesta por el ex Gobernador del Valle

 

 

Bogotá, 18 de junio de 2010. La Procuraduría General de la Nación contestó ayer la demanda de tutela interpuesta por el doctor Juan Carlos Abadía Campo ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y mediante la cual se solicitó a dicha Corporación, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Lo anterior conllevó a la Honorable Magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas, a suspender la ejecución de las decisiones de mayo 5 y 25 de 2010, tomadas por la Procuraduría, mediante las cuales se sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de diez (10) años al doctor Abadía Campo, como Gobernador del Departamento del Valle del Cauca.

El Ministerio Público desvirtuó de manera tajante cada uno de los hechos alegados por el doctor Abadía Campo, dejando plenamente demostrado que la acción de tutela impetrada es improcedente por existir otros medios de defensa judicial a los que podía acudir para hacer valer sus derechos y por el desconocimiento de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, que indica que este mecanismo no procede en contra de actos administrativos sancionatorios.  

Enfatizó además que no existen ni se precisan en la demanda, circunstancias que demuestren que hubo vulneración de derechos fundamentales en desarrollo del proceso disciplinario adelantado en su contra por el ente de control.  

Señala la Procuraduría que ninguno de los hechos alegados por el Doctor Abadía se refieren a irregularidades presentadas en la investigación o transgresión de derecho alguno en el que haya podido incurrir la Procuraduría, haciendo claridad en que el proceder del órgano de control se ajustó al orden jurídico y se garantizó el debido proceso.

Para el Ministerio Público es claro que la interposición de la tutela es una estrategia de dilación que vulnera el interés público y además afecta gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos del Valle del Cauca a elegir a su mandatario departamental, tras la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad al señor Abadía Campo.

Entretanto, la Procuraduría General está a la espera de la respuesta al recurso de queja interpuesto el día de ayer contra la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca del pasado 15 de junio, que niega la solicitud del Ministerio Público de continuar con la ejecución de las decisiones disciplinarias impuestas al doctor Abadía Campo.

 

Fecha de publicación: 18 de junio de 2010. 1:25 p.m.