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En VII audiencia técnica regional, Procuraduría presenta observaciones sobre atención integral a la población desplazada

 

Bogotá, 17 de junio de 2010. La Procuraduría General de la Nación presentó hoy ante la Corte Constitucional sus observaciones en relación con los obstáculos y fallas identificadas en el marco del proceso de coordinación y corresponsabilidad entre la Nación y las Entidades Territoriales en materia de atención integral a la población desplazada.

En desarrollo de la VII Audiencia Técnica Regional que la Corte Constitucional, realizada dentro del seguimiento efectuado a la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de Cumplimiento, la Corte abordó la problemática del desplazamiento forzado presentada en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Casanare, Boyacá y Huila.

Estas son las principales observaciones presentadas por la Procuraduría:

Fallas de coordinación y problemas de seguridad en los procesos de retorno y/o reubicación

La Procuraduría ve con preocupación las graves debilidades que se vienen presentando respecto a los retornos y reubicaciones de la población víctima del delito de desplazamiento forzado en los cinco departamentos ya mencionados.

Para el Misterio Público es claro que este proceso demanda tres principios: la voluntariedad de la población en concurrir a dicho proceso, la seguridad en las zonas objeto de retorno y la dignidad traducida en la debida estabilización y goce efectivo de derechos de la población, los cuales han sido incumplidos por parte de las autoridades nacionales, departamentales y municipales competentes.

Tal es el caso del departamento del Tolima, donde la Secretaría de Gobierno departamental informó a la Procuraduría que los procesos de retorno impulsados durante el año 2009 y lo corrido del 2010 y priorizados en el programa “Retornar es Vivir”, no contaron con una evaluación de seguridad en las zonas objeto de retorno.

La visita de la Procuraduría a la VI Brigada del Ejército en el Tolima evidenció la falta de información frente a los procesos de retorno que impulsa la administración departamental y municipal, y la ausencia de planes o acciones de protección para la población que ya ha retornado.

Persistencia de las dificultades en la implementación de la ruta de protección de predios y territorios abandonados por la violencia

En esta materia, el Ministerio Público manifestó que aún continúan los inconvenientes en el manejo de la información obrante en el Registro único de predios (RUPTA).

Además, a pesar del esfuerzo que adelanta el INCODER para contar con una información que permita medir la magnitud del fenómeno de despojo y del abandono de la tierra en Colombia, ésta no resulta confiable.

Problemas de sostenibilidad de la política de atención integral a la población desplazada. Caso especial del Distrito Capital de Bogotá.

La Procuraduría ha venido adelantando un seguimiento especial a la respuesta institucional brindada por las entidades competentes a la población desplazada en Bogotá.

En ese sentido, ha vigilado los convenios suscritos con diferentes grupos de población desplazada “para hacer efectivos sus derechos a partir de situaciones como la ocupación del Parque Metropolitano Tercer Milenio, la toma de la Unidad de Atención y Orientación (UAO) de Bosa y Kennedy, y frente a las órdenes que han recibido en virtud de las numerosas tutelas contra entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada”.

El Ministerio Público ha constatado que pese a las disposiciones administrativas iniciadas desde el año 2009 por Acción Social para cambiar su modelo de atención, el Coordinador Nacional del Sistema continúa sin estar en capacidad de responder oportunamente frente a las peticiones ciudadanas, en especial aquellas relacionadas con la atención humanitaria de emergencia.

Otro de los aspectos que llama la atención del ente de control es el agotamiento de recursos programados para cubrir la Atención Humanitaria de Emergencia, al cual hicieron referencia algunos funcionarios de ese organismo. Al respecto, el Ministerio Público cuestionó al Director de Acción Social sobre la real situación en materia de recursos presupuestales de la entidad y sobre los trámites emprendidos para apropiar los recursos suficientes para garantizar la protección de las victimas dentro de esa fase de atención.

Finalmente, la Procuraduría advirtió sobre los retrasos presentados en el inicio de los procesos para la implementación y ejecución de los proyectos productivos, especialmente la gestión desarrollada por la Gerencia de Proyectos asunto, entre otros, que no ha permitido superar para los hogares la atención de emergencia.


Fecha de publicación: 17 de junio de 2010. 7:30 p.m.