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Procurador General dice que tutela interpuesta por Gobernador del Valle genera dudas y suspicacia

 

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Bogotá,  16 de junio de 2010.  Como una decisión sin antecedentes, grotesca,  que agravia el ordenamiento jurídico y lanza un manto de duda frente a la credibilidad del Estado sancionador, calificó el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la medida provisional adoptada por la magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle del Cauca, con la que suspendió la destitución e inhabilidad de 10 años contra el Gobernador Juan Carlos Abadía Campo.

Al hacer un alto en sus vacaciones, el Jefe del Ministerio Público explicó a los periodistas de distintos medios de comunicación que “hay jurisprudencia que determina que la tutela no procede contra actos administrativos sancionatorios porque se cuenta con otros medios de defensa judicial” y en consecuencia, este instrumento ha sido utilizado de manera indebida en “un claro desbordamiento institucional”.

El Doctor Ordóñez dijo que “se puede pensar que se están utilizando las instituciones jurídicas como instrumentos dilatorios para obtener propósitos políticos, evitando que se realicen las elecciones y la designación de los gobernantes”.

Al referirse a la suspensión provisional de las sanciones disciplinarias impuestas al Gobernador Abadía Campo, cuestionó que se justificara en un eventual perjuicio irremediable, debido a que el Presidente de la República, Álvaro Uribe, ya había realizado el nombramiento del gobernador encargado el pasado 8 de junio. “Estamos frente a un desbordamiento muy comprometedor y muy grave del ordenamiento jurídico y lo que está en entredicho es la potestad sancionatoria del estado”, indicó.

El Procurador General enfatizó que la tutela fue presentada el pasado 29 de mayo y sólo  hasta el 10 de junio la Judicatura Seccional Valle del Cauca profirió la suspensión, “precisamente para dilatar el procedimiento administrativo de designación de gobernador, en orden a evitar que la decisión quede en firme antes del 30 de junio, fecha en la cual se tendría que haber citado a las elecciones correspondientes”.

Al mismo tiempo dejó en claro que el ente de control acudirá a  todos los instrumentos del ordenamiento jurídico para defender el fallo proferido contra el Gobernador del valle, Juan Carlos Abadía Campo. “Insistiremos ante el Consejo Superior de la Judicatura y si es preciso hasta la Corte Constitucional”, enfatizó.

 

Fecha de publicación: 16 de junio de 2010. 4:00 p.m.