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Procuraduría insiste en su solicitud de continuar ejecución de sus decisiones disciplinarias en contra el Gobernador del Valle del Cauca

 

 

Bogotá, 16 de junio de 2010.  En una nueva comunicación enviada hoy a la Magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del  Cauca, la Procuraduría General insistió en que se de  continuidad a la ejecución  de las decisiones disciplinarias del 5 y del 25 de mayo de 2010, mediante las cuales se sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de diez (10) años al doctor Juan Carlos Abadía Campo, como Gobernador del Departamento del Valle del Cauca .

La Procuraduría manifestó su inconformidad ante el hecho de que por causas que resultan inexplicables, la Honorable Magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas, en la respuesta otorgada a la solicitud del día de ayer, negó los recursos de apelación y reposición interpuestos por la Procuraduría y no se pronunció sobre la petición especial presentada por el órgano de control (con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991) de darle continuidad a la ejecución de las decisiones proferidas en contra del Señor Abadía.

Para el Ministerio Público, con el nombramiento de la persona designada en remplazo del doctor Abadía Campo, efectuado por el señor Presidente de la República, la aludida urgencia invocada desapareció.

Ninguna sustentación salvo la invocación legal, expone la Honorable Magistrada para dejar pendiente la ejecución de los fallos disciplinarios de fechas 5 y 25 de mayo de 2010, motivo por el cual considera este órgano de control que la decisión del Consejo Seccional del Valle del Cauca, debe ser motivo de reflexión por la funcionaria judicial frente a dos aspectos: ¿cuál es la situación de urgencia o inminencia que le impide al doctor Abadía Campo acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede ser promovida ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo invocando incluso la suspensión provisional? y ¿cuál es el posible perjuicio irremediable que se le ocasionaría al doctor Abadía Campo con la ejecución de las decisiones proferidas por el órgano de control, si los mecanismos o instrumentos legales son la vía establecida  para proteger tanto la legalidad como la posible indemnización de los eventuales perjuicios?

La decisión proferida por la Honorable Magistrada desconoce el marco de competencias constitucionales y legales que fueron atribuidas a este órgano de control en ejercicio de la potestad disciplinaria y que las ejerció con plena garantía de los derechos fundamentales que le asistían al disciplinado; por ende, la pretendida urgencia no es más que una dilación injustificada de la decisión sancionatoria que pone en riesgo el derecho fundamental de la ciudadanía y comunidad del Valle del Cauca a elegir a un nuevo gobernante tras la imposición de la más drástica de las sanciones que contempla la Ley 734 de 2002.

La solicitud de la Procuraduría de darle continuidad a la ejecución de los fallos disciplinarios va en beneficio del interés general o público, toda vez que la sociedad reclama el derecho fundamental a elegir y ser elegido, que se encuentra en peligro para los ciudadanos del Valle del Cauca dado que el 30 de junio de 2010 debía encontrarse en ejercicio del cargo el Gobernador Encargado por el señor Presidente de la República, en orden a permitir las elecciones tendientes a elegir al nuevo gobernador en reemplazo del destituido y siendo así, como quiera que la medida de suspensión no invoca ninguna razón, fundamento o sustento para predicar la “urgencia”, debe prevalecer el derecho a la participación ciudadana de rango fundamental en la Carta Política el cual se encuentra en grave riesgo con la medida adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura.

 

Fecha de publicación: 16 de junio de 2010. 12:05 p.m.