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PGN solicitó a la Corte Suprema de Justicia no casar sentencia en contra de César Pérez García

 

 

Bogotá, 3 de junio de 2010. En un concepto presentado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación solicitó no casar las sentencias de primera y segunda instancia, en las que se condenó al señor César Pérez García, como autor penalmente responsable de las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Los hechos se refieren a procesos contractuales que en su condición de Presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, el señor Pérez García suscribió, bajo la modalidad de prestación de servicios técnicos, con diferentes ciudadanos sin el lleno de requisitos legales.

El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, Gabriel Jaimes Durán, explicó que los contratos celebrados por el señor Pérez García no contaron con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, documento que es requisito esencial en la contratación, pues permite determinar la existencia de los recursos a comprometer.

La falta de este requisito ocasionó que en el año 1998 se le hubiera advertido al entonces Presidente de la Asamblea que se abstuviera de realizar más contratos pues el rubro se encontraba en déficit.

Revisada la contratación efectuada en ese periodo fiscal, se observó que para el mes de marzo de 1998, ya había un déficit en el rubro de servicios técnicos, pese a lo cual se siguieron celebrando contratos, debiéndose acudir a la figura de los traslados presupuestales para poder cumplir con tales obligaciones.

Mencionó que en muchos de esos contratos se pudo comprobar el incumplimiento del objeto, sin embargo, se acreditó falsamente mediante certificaciones expedidas por el entonces Presidente de la Asamblea, César Pérez García.

A juicio de la Procuraduría, la obligación de dar, hacer o no hacer que contienen los contratos como contraprestación al pago, en el caso de los celebrados por la Asamblea no se cumplió, razón por la cual no debieron ser cancelados por la Duma Departamental. Así mismo. consideró que el delito de peculado por apropiación no debió imputarse respecto de cuatro contratos, sino de todos.

Al ex diputado se le impuso la pena principal de nueve años de prisión, multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de de derechos y funciones públicas por tres años, condena que se busca sea ratificada por la Corte Suprema de Justicia por las razones expuestas por la Procuraduría General de la Nación.

 

Fecha de publicación: 3 de junio de 2010. 11:40 a.m.