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Procuraduría presenta observaciones al programa de reparación administrativa del Gobierno Nacional

 

Intervención del Procurador Delegado para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos

Intervención del Ministro del Interior y de Justicia

Intervención de la Directora del proyecto Fortalecimiento Estado de Derecho

Informe de seguimiento al Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa

 

Bogotá, 12 de mayo. La Procuraduría General de la Nación presentó hoy al país los resultados del seguimiento realizado el Programa de Reparación Administrativa, creado por el Gobierno Nacional en el año 2008.

El evento, que tuvo lugar en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama, estuvo presidido por el Procurador Delegado para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Mario Gonzalez Vargas; la Directora del proyecto Fortalecimiento Estado de Derecho de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo –GTZ, Helen Ahrens; y el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.

El informe realizado por el Ministerio Público, con el apoyo de la Agencia de GTZ, hace un balance del contenido y la aplicación de este programa de reparación durante el periodo comprendido entre los meses de abril de 2008 y diciembre de 2009.

En su presentación, el Procurador se refirió a los diferentes tipos de medidas de reparación individual por vía administrativa, y señaló que ninguna de las solicitudes de reparación individual aprobadas ha incluido beneficios diferentes al pago de la indemnización solidaria.

En consecuencia, el programa “ha quedado convertido, en la práctica, en un programa de indemnización por vía administrativa, y no en estricto sentido de reparación”, puntualizó el Doctor Mario González.

Al referirse al Decreto 1290 de 2008, mediante el cual el Gobierno Nacional otorga a las víctimas de los grupos armados ilegales una serie de medidas de reparaciones individuales, la Procuraduría señaló que dicha norma establece restricciones al acceso al programa, por cuanto no son considerados beneficiarios las víctimas de delitos contra el patrimonio económico, los familiares de víctimas directas de delitos distintos al homicidio o la desaparición forzada y quienes hubieren sufrido violación de sus derechos fundamentales por acción de agentes estatales.

En ese sentido, para la Procuraduría, no existen razones suficientes que expliquen el porqué cierto tipo de violaciones tienen derecho a la reparación y porque otras no.

Igualmente, el Procurador Delegado para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos señaló que “la superación de las dificultades derivadas del contenido del Programa de Reparación Administrativa Individual exige una modificación del Decreto 1290 de 2008, avanzar en la consideración de un registro único de víctimas a nivel nacional y eliminar las consideraciones discriminatorias que se estén presentando con las víctimas”.

De igual forma, hizo un llamado a las entidades encargadas del trámite y resolución de las solicitudes de reparación administrativa, para que adopten un enfoque más amplio y distinto a la hora de aplicar lo dispuesto en el Decreto 1290 de 2008.

En consecuencia, es necesario que se garantice a los beneficiarios del programa de Reparación Administrativa Individual, a un conjunto de medidas de reparación, no solamente al pago de la indemnización solidaria.

En su intervención, la Directora del proyecto Fortalecimiento Estado de Derecho, de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo –GTZ, Helen Ahrens, señaló que este proyecto busca apoyar la gestión de los órganos del Ministerio Público con el fin de robustecer su competencia y lograr que dispongan de mejores herramientas para prevenir y detectar actuaciones ilegales de las autoridades administrativas que contraen la normatividad vigente y restrinjan injustificadamente los derechos y beneficios reconocidos por el Estado.

A su vez, deben disponerse mecanismos que permitan a las víctimas conocer, desde el momento en que radican su solicitud, el trámite dado a la misma.

Señaló que el documento que hoy pone la Procuraduría a consideración del Gobierno Nacional, de las organizaciones víctimas y de la sociedad en general, es el primer resultado de este esfuerzo conjunto, y precisó que se trata de un ejercicio inacabado por cuanto ofrece un panorama general de lo que ha sido el proceso de implementación del Decreto 1290 de 2008 hasta el mes de diciembre de 2009 y en consecuencia, “son muchos los aspectos que faltan por explorar sobre todo ahora que han comenzado a proferirse decisiones desfavorables al reconocimiento de la solicitud de la reparación individual por vía administrativa y que se empiezan a escuchar voces a favor de prorrogar el programa”.

La señora Ahrens concluyó su intervención diciendo que “es necesario que la reparación transmita el mensaje de que se preocupa en serio por el bienestar de las víctimas y que reconoce que los hechos que afectaron sus derechos fundamentales nunca debieron haber ocurrido”.

Por su parte, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, al presentar los comentarios a esta publicación, señaló que el seguimiento realizado al Programa de Reparación Administrativa permite el mejoramiento de las herramientas desarrolladas por el Gobierno para esta labor que no tiene precedentes a nivel nacional.

Indicó además que el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar la meta de garantía real y efectiva de los derechos de las víctimas, ha logrado consolidar la reparación por vía administrativa, con el objeto de contribuir con el componente indemnizatorio de la reparación integral, a cargo del Estado, sustentado en el principio de solidaridad.

Coincidió con el Ministerio Público en que la reparación es un solo instrumento de lo que tiene que ser la reparación integral de la víctima y resaltó que el Gobierno viene desarrollando a través de programas administrativos que no reemplazan el deber de la justicia estatal de castigar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas en el ámbito judicial, frente al daño sufrido.

Finalmente, manifestó que el principal reto del Estado Colombiano “es avanzar paralelamente y en norma concomitante en los demás elementos que contribuyen a la reparación integral y donde el principal desafío lo constituye hacer frente a los múltiples casos de despojo y desplazamiento que por tantos años ha enfrentado el país”.


Fecha de publicación: 12 de mayo de 2010. 7:00 p.m.