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Por violar el derecho fundamental de petición, PGN destituye a ex Gerente de Instituto de Vivienda de Tunja

 

Bogotá, 6 de mayo de 2010. En fallo disciplinario de Primera Instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por el término de once años a la ex Gerente del Instituto de Vivienda y Reforma Urbana de Tunja (INVITU), Ana Isabel Gil Castiblanco, por haber violado materialmente el núcleo esencial del derecho fundamental-constitucional de petición interpuesto por la señora Dora Alvarado Ávila, una beneficiaria del programa de vivienda de interés social, adelantado por la dependencia descentralizada del municipio de Tunja.

De acuerdo con los hechos investigados, la entonces Gerente del INVITU no dio respuesta concreta o de fondo a tres derechos de petición interpuestos por la señora Dora Alvarado Ávila, en los que solicitaba que se le fijara fecha, hora y notaría para poder suscribir la escritura pública del inmueble ubicado en la Urbanización Pinos de Oriente de Tunja.

Para el Ministerio Público, las respuestas suministradas por los ex funcionarios del INVITU fueron evasivas y violatorias del derecho constitucional-fundamental de petición; pues se demostró que desde el principio tenían la intención de no tramitar la suscripción de la respectiva escritura pública, hasta tanto la beneficiaria de la vivienda cancelara unos dineros adicionales que no habían sido pactados con anterioridad ni después de la suscripción del contrato de compraventa.

Refirió que la peticionaria presentó el primer derecho de petición el 27 de junio de 2005, con el fin de que se le informara la fecha, hora y notaría en la cual se suscribiría la correspondiente escritura pública, considerando que cumplía con las obligaciones que estaban a su cargo, a lo cual le respondieron el 22 de julio de 2005, por un lado, fuera del plazo establecido en la ley, y por el otro, advirtiéndosele que para adelantar el trámite debía hacer llegar copia de la cédula de ciudadanía y copia de la carta de asignación del subsidio, firmada por la Ministra del Medio Ambiente, con lo cual se procedería a suscribir la escritura en la Notaría Segunda de Tunja

Una vez se allegaron los documentos y en atención a que no se surtió el trámite notarial solicitado, se presentó un segundo derecho de petición el 4 de agosto de 2005, que fue respondido por la funcionaria en forma muy diferente al primero, por cuanto en este informó que para adelantar el trámite de escrituración de la vivienda se requería allegar a la notaría el paz y salvo expedido por el INVITU, y que revisados los documentos se encontró que no se había suscrito la carta dirigida a la cooperativa COVIFUTURO, en la que se autoriza el desembolso de un crédito para cancelar al constructor obras adicionales ejecutadas en su vivienda.

En razón a esta respuesta se impetró un tercer derecho de petición, en el sentido de concretar una explicación jurídica del requisito exigido de condicionar la suscripción de la escritura pública al pago adicional a un tercero.

De lo anterior, la Procuraduría concluyó y encontró que se solicitaron requisitos adicionales no exigidos, puesto que no fueron enunciados en la primera respuesta, tampoco establecidos en el contrato de compraventa, es decir, “la respuesta al primer derecho de petición no solo fue tardía, sino que no se resolvió lo solicitado, como quiera que se dio una respuesta evasiva diferente”.

Precisó que la investigada lo que hizo fue dar una respuesta formal y no material o de fondo y “dedicó su tiempo a evadir y dilatar la respuesta que correspondía; condicionando la segunda respuesta al pago de unos dineros adicionales, nunca concertados, por obras que habían sido ejecutadas en el inmueble, pero que no estaban estipuladas en el contrato de compraventa, que probablemente la beneficiaria no había acordado con el Instituto, y en la tercera diciendo que ya le había contestado a la signataria, sin concretar ni resolver de fondo y específicamente las solicitudes.”

Al proferir el fallo, el Procurador Provincial de Tunja (C) Óscar Rodríguez Barrera, señaló que las circunstancias referidas demuestran que se incumplieron los artículos 5, 7 y 31 del Código Contencioso Administrativo, pues a la disciplinable le asistía el deber de atender las peticiones que presentó la ciudadana, lo cual no ocurrió, al no dar respuesta oportuna y concreta a tal solicitud.

Consideró que ésta conducta, considerada falta gravísima a título de dolo, resulta contraria al ordenamiento jurídico vigente, puesto que la funcionaria debió actuar como lo demandan las normas de carácter constitucional y legal, lo cual dejó de hacer.

Advirtió que contra la decisión procede el recurso de apelación ante el Procurador Regional de Boyacá.

Fecha de publicación: 6 de mayo de 2010. 12:20 p.m.