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Indagaciones previas de la PGN arrojaron preocupantes resultados en expedición de certificados de aptitud física, mental y coordinación motriz

 

Bogotá, 30 de abril de 2010. En el marco de la Tercera Audiencia Pública de Transporte de Carga que se lleva a cabo en Barranquilla, Atlántico, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció que como resultado de indagaciones previas hechas por este órgano de control se encontró que entre septiembre y diciembre de 2009 el 70% de los Certificados de Aptitud Física; Mental y de Coordinación Motriz fueron expedidos irregularmente.
 
De acuerdo con los resultados de la investigación, Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) no acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), otorgaron 104.055 Certificados de Aptitud Física; Mental y de Coordinación Motriz, de un total de 153.282 certificados expedidos.
 
Los citados documentos cobran importancia, toda vez que son un requisito exigido por el Ministerio del Transporte para obtener por primera vez la licencia de conducción de vehículos o su recategorización y/o su refrendación.
 
También es objeto de investigación la existencia de  “empresas” o “tramitadores” que burlan la ley atentando contra el interés público general y violentando lo bienes jurídicos tutelados por el legislador.
 
Precisó el procurador Ordóñez Maldonado que: “La falsificación, alteración de documentos necesarios para obtener las licencias de conducción o de operación así como en procesos de trámite como la revisión técnico mecánica, habilitación de conductores y vigilancia sobre la regulación del mercado, en condiciones de cumplimiento de las tarifas de fletes y demás, son temas que la entidad está abordando y sobre los cuales espero entregar resultados contundentes en el menor tiempo posible”.
 
De otra parte, expresó que también se adelantan investigaciones orientadas a descubrir y sancionar a los responsables de la denominada Habeas Data, que al parecer pretendía que mediante cómodas sumas de dinero se borraran o disminuyeran los valores de las multas que las autoridades territoriales y nacionales de tránsito y transporte imponen a los usuarios o lograr la prescripción administrativa de las mismas.
 
En su discurso hizo especial énfasis en la importancia de las normas de transporte que, en general, son un ejemplo de la importancia de los bienes jurídicos allí contenidos y de su incidencia social, dado que esas normas son transversales al ejercicio de la vida cotidiana del ciudadano.

El Jefe del Ministerio Publico, aseguró que “sin perder de vista la trascendencia económica de este sector, no puede desconocerse que el derecho al transporte supone un marco regulador y reglamentario que exige conductas adecuadas frente a las expectativas de derecho por parte de los actores de los sectores, público y privado”.
 
Resaltó la propuesta de los asistentes y del gremio asociado de generar un “compromiso de buenas prácticas” que además de simbolizar los valores sociales adheridos a esa actividad, así como su incidencia institucional, permitan reconocer que existe responsabilidad social y colectiva, más allá del cumplimiento de las normas, con valores éticos, de ahí que la Procuraduría , en este y otros sectores, aboga por la reconstrucción de la cultura de la legalidad y en el compromiso de los ciudadanos de construir una actitud ética que guíe las actuaciones públicas y privadas.
 
Este evento programado por la Superintendencia de Puertos y Transporte reúne al gremio de los transportadores de carga de Barranquilla, así como a los empresarios. También participan el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero y el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Brigadier General Rodolfo Bautista Palomino López, al igual que importantes personalidades del orden nacional, regional y local. 

 

Fecha de publicación: 30 de abril de 2010. 11:45 a.m.