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Fiscalía acogió concepto de la PGN en investigación a oficiales del Ejército

 

Bogotá, 27 de abril de 2010. De acuerdo con un concepto de la Procuraduría General de la Nación, el despacho 20 de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario precluyó la investigación a favor de los oficiales Teniente Coronel Luís Francisco Medina Corredor, Mayor Hernando Alberto Bravo Zambrano y Mayor Luís Eduardo Castillo Arbeláez, y revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva para otorgarles el beneficio de la libertad provisional.

La investigación tiene que ver con los hechos ocurridos en la madrugada del 5 de agosto de 2004 en desarrollo de la denominada “orden de operaciones No. 030 Tormenta I”, en el que personal adscrito al pelotón Brioso 4 del grupo mecanizado Reveiz Pizarro del Ejército Nacional, con sede en Arauca, irrumpieron en una vivienda en el sector Caño Seco y procedieron a ejecutar de manera aleve a los señores Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez, dirigentes sindicales en este departamento.

A los oficiales investigados se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, como presuntos codeterminadores del delito de homicidio agravado.

En concepto del Ministerio Público, la prueba recaudada no permite endilgar la responsabilidad de los implicados en calidad de codeterminadores del crimen, por cuanto se pudo establecer que los mencionados oficiales no planearon la operación con el objeto de dar muerte a los sindicalistas sino como una acción de registro y control.

Para la Procuraduría, la responsabilidad de los oficiales del Ejército se debe analizar desde la perspectiva de la omisión, teniendo en cuenta la posición de garante que tenían los implicados.

Dentro de los argumentos presentados, la Procuraduría señaló que la operación Tormenta I era de registro y control y por ello se encontraba regulada en el Reglamento de la Fuerzas Militares, el cual fue inobservado en la operación militar, pues no se tenía una información seria sobre la existencia de campamentos o caletas en el lugar.

En opinión del Ministerio Público, en esta acción se vulneró el principio de precaución, (proporcionalidad), al producirse un ataque contra un objetivo que no era militar, sino en donde se encontraba población civil.

Por estos mismos hechos en octubre del año anterior, la Procuraduría General de la Nación Mediante fallo de segunda instancia, confirmó la destitución e inhabilidad por 20 años a cuatro miembros del Ejército Nacional por la muerte en estado de indefensión de los señores Jorge Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez, en agosto del año 2004 en el municipio de Saravena, Arauca.
Los uniformados sancionados por el Órgano de Control fueron el Subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón y los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández Suárez, Oscar Saúl Cuta Hernández y Walter Loaiza Culma, en sus condiciones de integrantes, para la época de los hechos, del cuarto pelotón de la compañía Brioso del Grupo Mecanizado Nro.18 General Gabriel Revéis Pizarro del Ejército Nacional.

 

Fecha de publicación: 27 de abril de 2010. 11:45 a.m.