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En primera instancia, PGN suspendió e inhabilitó a ex alcalde de Ciénaga (Magdalena)

 

Bogotá, 23 de abril de 2010. El Procurador Provincial de Santa Marta, Óscar Fernando Castillo Moscarella, suspendió e inhabilitó de su cargo al ex alcalde de ese municipio, Jairo Quintero Gómez, por haber desvinculado sin autorización judicial al señor Frank Lora Vera, a pesar de estar amparado por fuero sindical. La suspensión es convertible en multa de $10.803.582, dado que ya no se encuentra en ejercicio de sus funciones.

Según la defensa, el señor Lora Vera fue despedido en razón a que por las funciones que desempeñaba como administrador del mercado público de Ciénaga (Magdalena), ejercía autoridad civil y dirección administrativa, con lo cual no estaba amparado por el fuero sindical según el Código Sustantivo de Trabajo.

Para el Ministerio Público, dentro del proceso no logró probarse que el cargo que tenía el señor Frank Lora fuera de libre nombramiento y remoción. Tampoco que le hubieran asignado funciones de Administrador del Mercado Público.
 
El pliego también señala que si bien es cierto que pudo haber ejercido funciones de administración en el mercado “...esto no lo ubica dentro del ejercicio de autoridad civil o cargo de dirección y administración, como lo exige la norma, por cuanto las actividades que realizaba, dicho por el testigo… eran de rango intermedio o dependientes jerárquicamente de otras dependencias, esto es, Secretaría de Hacienda Municipal”.
 
Además, estaba probado que el Ministerio de Protección Social, Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social del Magdalena, le notificó a la Administración Municipal de Ciénaga que se había constituido la Federación de Servidores de la Región Caribe, Fedecaribe, y que había sido designado dentro del Comité Ejecutivo al señor Frank Lora Vera, como Secretario de Educación, lo cual le confería una estabilidad laboral temporal, dado que para removerlo del cargo que desempeñaba era preciso que el nominador realizara el proceso respectivo para levantar el fuero sindical ante la justicia laboral ordinaria.
 
En consecuencia, con su conducta, el señor Gómez Quintero pudo haber omitido las normas del Estatuto Laboral que hacen referencia a los  deberes de protección al derecho de asociación; definición del fuero sindical, así como quiénes son los trabajadores que son amparados por dicho fuero, entre otros.
 
En consecuencia, la responsabilidad disciplinaria del alcalde, tiene relación con el cargo, “del cual abusó”, constituyéndose así una falta disciplinaria grave a título de dolo, ya que el citado servidor público, al momento de la comisión de la misma estaba en pleno uso de facultades mentales, era una persona debidamente preparada por el Estado para cumplir a cabalidad con sus funciones y fue conciente de sus actos.
 
Contra este fallo de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación.


Fecha de publicación: 23 de abril de 2010. 6:30 p.m.