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Procuraduría pide no casar sentencia que condenó a policías de Medellín por el homicidio de cuatro jóvenes

 

Bogotá, 21 de abril de 2010. En un concepto presentado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación solicitó no casar la sentencia proferida por el Tribunal de Medellín en la que se condenó a Jorge William Palacios Agualimpia, Háyler de Jesús Mosquera Mosquera, Agenor Garcés Arrieta, Luís Alberto Úsuga Higuita y José Luis Hernández Prada, miembros de la Policía Nacional, como coautores impropios de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron en Medellín el 4 de junio de 1990, cuando los jóvenes Giovanni de Jesús Cartagena, Jhon Jairo Yepes Orrego, Carlos Alberto Jiménez y Jorge Omar Vélez fueron retenidos por dos agentes de la Policía en las instalaciones del CAI Estadio.

Los menores fueron obligados a permanecer encerrados en el baño, hasta la medianoche, momento en que fueron sacados por sus iniciales captores y un tercero que conducía un automóvil, y trasladados, atados de manos, hasta el sector de la quebrada la Iguana, en las afueras de Medellín.

Los jóvenes Giovanni Cartagena y Jhon Jairo Yepes fueron ejecutados, mientras que Jorge Omar Vélez logró desatarse y emprender la huída, comunicando lo ocurrido a los familiares de las víctimas.

El cuarto joven, Carlos Alberto Jiménez, que había sido dejado en el CAI porque no cupo en el automóvil, a la mañana siguiente fue encontrado muerto por disparos de arma de fuego en la cabeza y atado de manos, en inmediaciones del Puente El Mico, sobre el Río Medellín, cerca de la Terminal de Transportes.

En la decisión de primera instancia, el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín dictó sentencia absolutoria, siendo revocada parcialmente por el Tribunal Superior de Medellín el 27 de septiembre de 2007, fallo en el cual se condenó a los citados agentes de Policía.

En concepto presentado por el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, Juan Guillermo Jaramillo Díaz, refirió que la evidencia recogida desde el comienzo de la investigación, indicó que los Policías acusados no estaban en cumplimiento de ninguna misión oficial y cuando decidieron sacar a los jóvenes del CAI con rumbo a sectores periféricos de la ciudad donde los ejecutaron, lo hicieron por su propia cuenta y riesgo, lo cual, bajo ningún punto de vista, puede tener relación funcional con la labor constitucional de la Policía Nacional.

Para el Ministerio Público, los cargos planteados en la demanda de casación no están llamados a prosperar, por cuanto en desarrollo de la actuación procesal se respetó el principio de legalidad y no se vulneró ninguna garantía fundamental a los acusados.

A juicio de la Procuraduría, en el proceso quedó suficientemente probado que los autores responsables de los hechos fueron los agentes de policía, que no supieron explicar de manera convincente sus actividades funcionales en el día de los hechos, y, además, fue evidente que tenían asignada la moto 14-01, uno de ellos poseía un vehículo, cuyas características físicas concuerdan con las señaladas por el testigo que en sus declaraciones siempre refirió que las capturas fueron realizadas por dos policías que iban en moto y que fueron llevados al CAI del estadio, de donde fueron sacados a medianoche y conducidos a la periferia de la ciudad donde fueron ejecutados por los mismos policías.

Consideró que, no era necesario que el testigo hubiera identificado específicamente al agente que disparó contra la humanidad de los jóvenes, por lo que el reproche jurídico fue a título de coautores impropios, lo cual significa que se trató de una empresa criminal con división de trabajo funcional y, “en tales condiciones, a partir del señalamiento concreto del testigo, bastaba con establecer por otros medios probatorios ‘la identidad’ de los agentes de policía que el día de los hechos estuvieron de servicio en el CAI del Estadio, a objeto de que explicaran aquél señalamiento, como en efecto ocurrió en este caso.”

El Procurador Delegado explicó que el testimonio del único sobreviviente de los hechos fue “firme, sincero y creíble”, porque fue sometido a una crítica rigurosa y los aspectos de su relato fueron confirmados con otros medios de prueba en una visión de conjunto.

Los agentes de policía fueron condenados por el Tribunal Superior de Medellín a pena de 27 años de prisión e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 10 años.


Fecha de publicación: 21 de abril de 2010. 8:25 a.m.