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PGN resuelve situación de funcionarios de la gobernación del Cauca en caso Probolsa S.A.

 

Fallo de la Procuraduría General de la Nación

 

Bogotá, 16 de abril de 2010. La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente, en primera instancia al gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera; al Secretario Administrativo y Financiero de la Gobernación del Cauca, José Harold Casas Valencia; y a la Tesorera General del departamento del Cauca, María Elena Ramírez Rengifo; por sus actuaciones frente a las inversiones que se hicieron en Probolsa S.A.

Para el Ministerio Público, en el curso de la investigación disciplinaria se demostró que el 26 de febrero de 2008, el Gerente General y el Asesor Financiero de Probolsa S.A. presentaron al Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, propuesta de inversión de $2.000 millones, la cual en la misma fecha el referido funcionario remitió al señor Harold Casas, Secretario Administrativo y Financiero, incluyendo “de su puño y letra la instrucción para su análisis y propuesta”.

El fallo señala que se comprobó que el Gobernador González Mosquera suscribió:

· El Formulario de Apertura y Actualización de Cuenta de Personas Jurídicas ante Serfinco, diligenciado a mano alzada y con fecha de elaboración del 27 de febrero de 2008, señalando como contacto autorizado a la tesorera de la Gobernación, que para la época de los hechos era la señora María Elena Ramírez Rengifo, Tesorera General del Departamento .
· El contrato de administración de valores, de la misma fecha.
· El formulario de registro de firmas autorizadas.
· El formulario para información de autorizados, señalando como persona facultada para el corretaje de valores a la tesorera del departamento.
· El formulario único de conocimiento de persona jurídica ante Probolsa.

Se estableció en la providencia que el 4 de marzo de 2008, la tesorera María Elena Ramírez, le giró a Probolsa $2.000 millones “para constituir TES en Probolsa – Serfinco”; y en la misma fecha el gerente de Probolsa le comunicó al Gobernador la señalada operación, advirtiendo que “cualquier inquietud con gusto estaría presto a atenderla”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que “el giro de los recursos antes aludidos, realizado por la Tesorera del departamento, no cumplía con lo señalado en el artículo 17 de la ley 819 de 2003”, donde se le permite a las entidades territoriales invertir sus excedentes de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación, o en títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio, o en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio.

Lo anterior dado que Probolsa S.A. no cumplía con las características y las exigencias necesarias para que, por su intermedio, se realizaran inversiones como las establecidas por la ley porque no estaba inscrita en el registro de mercado de valores, ni era vigilada por la Superintendencia Financiera.

Además, según aparece en escritura pública del 5 de noviembre de 2008, a través de la que se disolvió la referida sociedad, a 31 de agosto de 2008, sus pasivos ascendían a $24.000 millones con un patrimonio negativo de $9.000 millones, concluyéndose, “sin mayor esfuerzo”, que dicha firma no garantizaba seguridad y liquidez para el manejo de los señalados recursos públicos, precisó el fallo de primera instancia.

De los antecedentes previos que culminaron con el giro de los recursos efectuados por la Tesorera, tuvo conocimiento el Gobernador, quien enterado de la propuesta la remitió al Secretario Administrativo y Financiero, suscribiendo también los formularios ante Probolsa y Serfinco, sin los cuales no hubiera podido la Tesorera realizar la transacción.

Esto con respecto los giros que totalizaron los $16 mil millones. Ahora bien, con posterioridad, el 4 de marzo de 2008, Probolsa envió a la Gobernación una nueva propuesta de inversión que culminó con el desembolso por parte de la Tesorera Ramírez Rengifo de montos adicionales sobre los cuales no existe procesalmente prueba que demuestre que el Gobernador o el Secretario Administrativo y Financiero hubieran tenido conocimiento de estas últimas transacciones. Por el contrario, de los diversos informes rendidos por la Tesorera, la funcionaria oculta las inversiones realizadas a través de Probolsa.

En visita técnica a la Tesorería de la Gobernación del Cauca, surtida el 4 de marzo de 2009, se determinó que de los $16 mil millones provenientes del SGP y de los recursos propios del departamento, que fueron trasladados a Probolsa, solamente fueron devueltos $5.000 millones, con algunos intereses, y los correspondientes a los comprobantes de egreso.

Frente a los restantes $ 11 mil millones, éstos no fueron reintegrados a la tesorería de la Gobernación del Cauca. Por ello, la Directora Legal de Delegatura para la Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad, de la Superintendencia Financiera, informó que los TES principales que posee el departamento del Cauca, por valor nominal de $4.851 millones, tenían a la fecha 20 de abril de 2009, un precio de mercado de apenas $3.360.548.286.42, por cuyos movimientos se genera un detrimento patrimonial de los recursos de la Gobernación de Cauca, y correlativamente “enriquecimiento ilícito a favor de Probolsa S.A. por $7.631.451.731.59”.

Con respecto a la Tesorera General del departamento del Cauca, María Elena Ramírez Rengifo, el acervo probatorio permitió demostrar la responsabilidad de la servidora, por el conocimiento pleno y directo que tuvo de la negociación.
Frente al investigado José Harold Casas Valencia, Secretario Administrativo y Financiero de la Gobernación del Cauca, y superior inmediato de la Tesorera, se demostró que él se enteró que la tesorera realizó una inversión en Probolsa, el 4 de marzo de 2008, sin su autorización, y que pese a ello, no adoptó una actividad diligente, que permitiera evitar el daño que se derivaría de una inversión en tales condiciones. Por el contrario, guardó silencio, enviando así una señal de asentimiento que permitió dar vía libre a la inversión y que posteriormente siguieran realizándose inversiones de manera irregular.

Con respecto al gobernador Guillermo Alberto González Mosquera, si bien los alegatos de la defensa señalan que él no aceptó la propuesta, entendida ésta como una simple manifestación unilateral de volunta de Probolsa S.A., “tampoco la rechazó; por el contrario, decidió remitirla a su Secretario Administrativo “para su análisis y propuesta” lo cual permite aseverar la manifiesta y clara intención del señor Gobernador para que la administración valorara esa propuesta efectuada por PROBOLSA, lo que significa que en ese momento no hubo rechazo expreso de la misma”.

Estas y otras pruebas, documentadas por la PGN, llevaron a que la Entidad sancionara disciplinariamente a los funcionarios así:

· Al señor Guillermo Alberto González Mosquera, en su condición del Gobernador del Departamento del Cauca, con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de 10 años.
· Al señor José Harold Casas Valencia, en su condición de Secretario Administrativo y Financiero de la Gobernación del Cauca, con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 11 años.
· A la señora María Elena Ramírez Rengifo, en su condición de Tesorera General del departamento del Cauca, con destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 20 años.

Contra este fallo de primera instancia procede recurso de apelación.

 

Fecha de publicación: 16 de abril de 2010. 11:45 a.m.