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Por no devolver bienes embargados en proceso de alimentos, PGN solicitó confirmar responsabilidad de la Rama Judicial

 

Bogotá, 9 de abril de 2010. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que confirme la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, que declaró la responsabilidad extracontractual, administrativa y patrimonial del Estado, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Según los hechos, en cumplimiento de una decisión judicial del 23 de noviembre de 1992, en una demanda de alimentos en contra del señor Teodoro Manuel Ariza Ibarra, desaparecido el 15 de abril de 1991, se ordenó el embargo y secuestro de 5.755 cabezas de ganado.

Sin embargo, una vez finalizó el proceso respectivo, cuando se declaró en debida forma la muerte presunta del demandado, los bienes se extraviaron injustificadamente y no fueron devueltos.

En el fallo de primera instancia se declaró la responsabilidad de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia y se le condenó al pago de los daños y perjuicios por la falla en el servicio originada en la falta de vigilancia del Juez que ordeno la medida cautelar, por cuanto una vez finalizó el proceso de alimentos, no fueron devueltos los semovientes afectados con el embargo.

En un concepto presentado ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, el Procurador Quinto Delegado, Wilson Ruiz Orejuela, consideró que se incumplió la finalidad propia de las medidas cautelares, como el embargo y secuestro de bienes dentro de un proceso de alimentos, que buscan la conservación de los bienes como prenda general de los acreedores.

El Ministerio Público compartió, así mismo, la orden de iniciar la acción de repetición en contra del Juez Mairo de Jesús Urbina Arévalo, quien en su momento fue el encargado de adelantar y tramitar el proceso y los secuestres Juan Segundo Estrada Solano y Rafael Álvarez Fuentes por la no entrega de los bienes secuestrados, lo que generó un daño antijurídico de los demandantes.

Fecha de publicación: 9 de abril de 2010. 7:30 p.m.