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PGN destituyó e inhabilitó por 11 años a ex Alcalde de Ventaquemada, Boyacá

 

Bogotá, 8 abril de 2010. Por irregularidades en la celebración y ejecución de una Orden de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años, al ex Alcalde de Ventaquemada, Boyacá, Carlos Alberto Otálora Avendaño, elegido para el periodo 2004-2007.

Los hechos materia de investigación, denunciados por la Personería Municipal , se relacionan con la celebración y ejecución de la Orden de Trabajo 001 del 24 de enero de 2006, celebrada para hacer un mantenimiento a un vehículo camión de propiedad del municipio, por valor de 3 millones 500 mil pesos.

La Procuraduría Provincial de Tunja encontró que el entonces Alcalde de Ventaquemada, Boyacá, suscribió la mencionada Orden, sin que la entidad de manera previa, hubiera elaborado los estudios de conveniencia y oportunidad, puesto que la actuación de la administración bajo tales condiciones, en este caso, representada por el investigado, pugnó con el principio de planeación a que debía obedecer la contratación estatal.

Señaló que, una vez celebrada, no vigiló su correcta ejecución, por haber sido lo contratado la mano de obra del contratista para la realización del mantenimiento al camión de placas OEO 196, siendo lo ejecutado por éste, la fabricación de un platón para el vehículo en mención, lo que riñó con el principio de responsabilidad que debió observar en el desarrollo de esta contratación.

La Procuraduría calificó dichas faltas de gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, por ajustarse enteramente estas conducta a los elementos normativos incluidos en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que prevé como falta gravísima, el participar en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y por entender que en ellas incurrió el investigado, por negligencia en aprender o averiguar lo que podía y debía saber.

El Órgano de Control, fue enfático en señalar que la posesión en un cargo público que conlleva tan elevadas responsabilidades, por tratarse de la máxima autoridad administrativa municipal, reclama del funcionario el conocimiento de la ley, que en cada caso lo faculta para así obrar, o por lo menos deberes de abstención, ante la imposibilidad de decidir con plena certeza en asunto en particular, por la cordura que exige el ejercicio de la función pública.

Explicó que en estos casos se impone para el funcionario la necesidad de la búsqueda del conocimiento antes de actuar, pues no por nada el numeral 40 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, instituyó como deber a cargo del servidor público, el capacitarse y actualizarse en las áreas que corresponden al desempeño de su funciones.

Al proferir el fallo de primera instancia, el Ministerio Público advirtió que contra la misma procede el recurso de apelación para ante la Procuraduría Regional de Boyacá o el funcionario que determine el Señor Procurador General de la Nación .

Fecha de publicación: 8 de abril de 2010. 9:00 a.m.