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PGN interviene para evitar detrimento por 21 mil millones de pesos que vía tutela se causa por recursos de la seguridad social

 

Bogotá, 26 marzo de 2010. La Procuraduría General de la Nación interviene ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), que tuteló los derechos de 94 personas y en consecuencia, ordenó a Cajanal el reconocimiento de la pensión de gracia a estos ciudadanos que, al parecer, no cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio y ordenó el embargo de más de 21 mil millones de pesos en cuentas de Cajanal.

Se ha designado a la doctora Martha Elvira Ciodaro Gómez, Procuradora Provincial de Magangué, para que intervenga de manera urgente en defensa del orden jurídico y del patrimonio público, teniendo en cuenta que con la mencionada tutela se decretan medidas cautelares de embargo a tres cuentas cuyos recursos son inembargables, pues pertenecen al Sistema General de Seguridad Social (artículo 134 Ley 100 de 1993).

De acuerdo con Cajanal, entidad que solicitó la intervención del Ministerio Público en este proceso, el citado despacho judicial ordenó a esta entidad expedir los actos administrativos de reconocimiento de la pensión de gracia a estas 95 personas, quienes, pese a que “ninguno de los accionantes tiene derecho al pago de obligaciones inexistentes, con lo cual se evidencia una total defraudación al Estado”.

Adicionalmente, señala que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca rechazó y declaró improcedente una nueva acción de tutela interpuesta por el apoderado de estos 95 ciudadanos. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2009, este fallo fue revocado por el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, Doctor Ovidio Claros, quien ordenó a Cajanal que dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, diera cumplimiento a lo dispuesto en el 2006 por el juez de Magangué.

La razones que llevaron a la Procuraduría a intervenir y solicitar al Fiscal General de la Nación investigar las conductas posiblemente punibles en que pudieron haber incurrido el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para la época de los hechos y el apoderado judicial de las 95 personas, se resumen en tres aspectos:

- No existía inmediatez en la acción de tutela (año 2006, revivida en diciembre de 2009).

- Los tutelantes tienen otro medio ante el contencioso administrativo para reclamar sus derechos.

- Los recursos de la Seguridad Social son inembargables (artículo 134 Ley 100 de 1993).

Así mismo, la Procuraduría, a través de su Delegada para Asuntos Constitucionales intervendrá ante la Corte Constitucional para que revise todas las decisiones que las diferentes instancias han proferido en este caso.

Finalmente, la Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social solicitó a la Superintendencia Financiera y Banco BBVA tomar las medidas del caso para proteger el patrimonio público y la juridicidad, ante la solicitud elevada por el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué de poner a disposición del apoderado de las 94 personas los recursos embargados de tres cuentas abiertas en esta entidad bancaria, por las razones expuestas anteriormente.

 

Fecha de publicación: 26 de marzo de 2010. 6:30 p.m.