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PGN se pronuncia ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reitera su compromiso en defensa de los derechos de las mujeres

 

Bogotá, 26 de marzo de 2010. La Procuraduría General de la Nación reafirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continuará ejerciendo toda su potestad y autoridad para promover, garantizar y tutelar los derechos de las mujeres, incluyendo aquellos que hacen referencia a la salud sexual y reproductiva, así como para vigilar el cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006, actualmente vigente, y a otras decisiones judiciales relativas al aborto.

El pronunciamiento, hecho por la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, doctora Ilva Myriam Hoyos Castañeda, se realizó en el marco de la audiencia temática sobre los derechos sexuales y reproductivos convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y realizada en la sede la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington el 22 de marzo de 2010, en el marco del 138º periodo de sesiones de la Comisión.

En su intervención, la Doctora Hoyos Castañeda señaló que la Procuraduría, “en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales y en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de otros tratados internacionales ratificados por Colombia que forman parte del bloque de constitucionalidad, actuará en defensa de los derechos de los niños, de los no nacidos, de los objetores de conciencia, de las madres gestante y de la familia, así como de los derechos fundamentales de todo ser humano”.

Indicó además que desde el año 2005 la Procuraduría tiene un Sistema de Vigilancia Superior de los derechos fundamentales desde la perspectiva de género con el propósito de impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de controlar la aplicación de la normativa nacional e internacional, así como de las decisiones judiciales.

El Ministerio Público ha elaborado una Política de igualdad y no discriminación con perspectiva de género, la cual se encuentra en proceso de aprobación, y mediante la que se pretende orientar a los funcionarios del Ministerio Público para que hagan efectivo el principio-derecho de la igualdad en general y de la igualdad de las mujeres en particular.

Respecto a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible de manera condicionada el aborto en Colombia, la Procuraduría reiteró las acciones adelantadas al respecto. Inicialmente, promulgó una circular en mayo de 2009, por la cual se fijan las directrices para el ejercicio de las funciones preventiva, de control de gestión, de intervención, así como disciplinaria de los servidores públicos.

En desarrollo de esta Circular, “la Procuraduría General de la Nación solicitó, en noviembre de 2009, información respecto al cumplimiento de las directrices impartidas tanto a nivel regional como nacional. Actualmente evalúa la información remitida. En el mes de mayo, según lo previsto en la Circular 30 de 2009, presentará el primer informe”.

En segundo lugar, el Ente de Control efectuó un seguimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional relativas al aborto (Sentencia T-209 de 2008, Auto 279 de 2009 y Sentencia T-946 de 2008). Este órgano de control ha informado a esta Corporación Judicial de las actuaciones realizadas.

En tercer lugar, señaló que el 29 de octubre de 2009, el Procurador General de la Nación presentó una solicitud de nulidad de la Sentencia de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional T-388 de 2009, fundada en el desconocimiento del derecho al debido proceso por la incompetencia constitucional y legal de esta Sala para:

- Aclarar, precisar y extender los alcances de una sentencia de constitucionalidad, como la Sentencia C-355 de 2006;
- Cambiar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al establecer una restricción mayor al derecho de objeción de conciencia, al no reconocerlo a los funcionarios públicos;
- Cambiar la naturaleza de unas causales excepcionales o extraordinarias en las que la Corte Constitucional consideró que no era ajustado a la Constitución penalizar el aborto y darle la calidad de derecho fundamental causales;
- Aplicar retroactivamente la Sentencia C-355 de 2006, al pretender que el juez de primera instancia conociera su ratio decidendi y dicta cuando a la fecha de la decisión de tutela esta sentencia no se conocía y no había sido notificada y
- Justificar los considerandos y resuelves de la Sentencia en el Decreto 4444 de 2006, que a la fecha de su notificación, 19 de octubre de 2009, se encontraba suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.”

La Doctora Hoyos Castañeda se refirió también al seguimiento hecho a la aplicación del Decreto expedido por el Ministerio de la Protección Social, mediante el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva, y a las normas que han sido expedidas con base en éste.

Finalmente, hizo alusión a la creación de un Grupo Especial de Trabajo para hacer control preventivo al municipio de Medellín respecto al Proyecto de la Clínica de la Mujer con el propósito de verificar que el mencionado Proyecto se ejecute con base en la normatividad vigente, tenga los permisos y las licencias requeridas.

 

Fecha de publicación: 26 de marzo de 2010. 6:30 p.m.