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Con un llamado a poner fin a la corrupción, culmina ciclo de capacitaciones en materia electoral

 

De izquierda a derecha: Luis Evelio Rodríguez Berbesi, Procurador Regional de Cundinamarca; Gilberto Castro Castro, Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado; Martha Isabel Castañeda Curvelo, Viceprocuradora General de la Nación; Andrés González Díaz, Gobernador de Cundinamarca; María Eugenia Carreño Gómez, Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Intervención de la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo (8 de marzo)
Intervención de la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez (8 de marzo)
Intervención del Procurador Regional de Cundinamarca, Luis Evelio Rodríguez Berbesi (8 de marzo)

Bogotá, 8 de marzo de 2010. “El Ministerio Público debe poner un alto, un basta ya a las situaciones que dan lugar a la corrupción (…) es hora de hacer un alto, de hacer una reflexión al interior de nuestra conciencia, a la disposición que debemos tener y al cumplimiento de los deberes para los cuales juramos al asumir el cargo”, manifestó enfáticamente la Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo.

Su pronunciamiento se realizó en la última sesión de capacitación en materia electoral denominada “El control electoral del Ministerio Público”, dirigida a personeros, funcionarios del Ministerio Público y demás servidores públicos que desempeñarán labores de control y acompañamiento de los comicios de este año 2010.

En el acto de instalación, la Doctora Castañeda Curvelo se refirió a las causales de reclamación contenidas en el artículo 92 del Código Electoral y sobre las cuales debe concentrar su vigilancia el Ministerio Público. La primera tiene que ver con la firma de las actas de escrutinio por parte de los jurados de votación, pues en ocasiones este documento no se firma, o las firmas que allí aparecen no corresponden a quienes ostentaron ese cargo en dicha mesa de votación.

Otro de los inconvenientes que se presenta está relacionado con el numeral cinco del artículo 92 del Código Electoral, el cual hace alusión al hecho de que el número de sufragantes de una mesa de votación, exceda al número de ciudadanos que podían votar en ella.

Así mismo, invitó a los funcionarios del Ministerio Público a llevar un control de itinerario desde el momento en que los jurados de votación entregan al funcionario de la Registraduría los sobres con los respectivos pliegos, a fin de garantizar que éstos no sean entregados extemporáneamente, a menos que se presenten hechos de violencia que retarden su traslado.

Frente a esto ultimo, la Procuraduría ha observado como “en cabeceras municipales de provincia, cuya distancia en automotor no sobrepasa diez minutos del puesto de votación hasta la Registraduría Nacional, (…) estos pliegos llegan después de seis horas”, indicó la Viceprocuradora General.

Otra de las causales con las que comienza el fraude electoral es “cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella”, ante lo cual los funcionarios del Ministerio Público deben estar atentos y vigilantes para garantizar que efectivamente se digitalicen los votos que efectivamente correspondan.

Con esta intervención, la Doctora Castañeda Curvelo concluye este ciclo de capacitaciones electorales realizadas antes de los comicios del 14 de marzo y en la que participaron activamente los personeros y funcionarios de las ciudades de Villavicencio, Cali, Neiva, Arauca, Popayán, Pasto, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Valledupar, Cartagena, Barranquilla, Manizales, Medellín, Tunja, Ibagué y Santa Marta.

Por su parte, el Gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, exaltó en su intervención la importancia de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, indispensable en todos los niveles del Estado, especialmente en la provincia, recalcó.

Al referirse a la situación del departamento, el mandatario precisó que ya se han adoptado las medidas para garantizar el orden público. La fuerza pública hará presencia integral en las 116 poblaciones durante las jornadas electorales y se garantizará además una acción contundente de todas las autoridades para identificar, perseguir, denunciar y sancionar cualquier conducta que pueda constituir un fraude electoral.

A su turno, la Presidenta de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño Gómez, realizó una amplia exposición sobre la ley de garantías y sus implicaciones para los funcionarios públicos.

Con este ejercicio pedagógico que finaliza en la ciudad de Bogotá, el Ministerio Público continúa en su función de vigilancia, acompañamiento y control, con ocasión de los comicios del próximo 14 de marzo a Congreso de la República, 30 de mayo elecciones presidenciales y 20 de junio, ante una eventual segunda vuelta.

Fecha de publicación: 8 de marzo de 2010. 4:10 p.m.