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PGN pide al Consejo de Estado confirmar fallo por perjuicios en privación injusta de la libertad

 

Bogotá, 5 de marzo de 2010. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado confirmar la decisión que, en primera instancia, profirió el Tribunal Administrativo de Caquetá, en un proceso de privación injusta de la libertad que declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación.

Según la demanda, los señores José Lizardo Vargas Díaz, Alexander Ortiz y Juan Alberto Yaima Escarpeta, fueron privados de la libertad por supuestas actuaciones delictuales violatorias del Estatuto Nacional de Estupefacientes.

En el fallo de primera instancia, se declaró la responsabilidad administrativa y solidaria de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, y las condenó al pago de los perjuicios reclamados por considerar que la privación de la libertad se torno injusta, toda vez que la presunción de inocencia no fue desvirtuada.

Para la Procuraduría, como la absolución de los procesados fue consecuencia de que con su actuar no violaron la normatividad penal, debe quedar comprometida la responsabilidad administrativa y patrimonial, tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Rama Judicial, “pues sin justificación valedera se impuso a dichos ciudadanos la obligación de soportar un sacrificio especial que superó las cargas que normalmente los individuos deben asumir por el hecho de vivir en comunidad”.

De otra parte, concluyó que, si se partiera de que la exoneración de los procesados se debió a la existencia de una duda, fundada en la falta de prueba, igualmente habría lugar a deducir la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas, “pues tal y como lo ha dejada sentado la jurisprudencia de esa máxima corporación, ello pone de manifiesto la deficiencia de la actuación estatal en la labor investigativa que permitiera llegar a la certeza respecto de la culpabilidad o inocencia de los encartados”.

A juicio de la Agencia del Ministerio Público, bien sea porque la exoneración de los procesados obedeció a que no cometieron la conducta punible o por la existencia de dudas respecto a su participación en la misma, se ocasionó un daño a los procesados que reviste carácter de antijurídico, en virtud a que no se hallaban en la obligación legal de soportar la carga de ver restringido el derecho a la libertad, por lo que procede la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas.

Fecha de publicación: 5 de marzo de 2010. 1:45 p.m.