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Proyecto de Ley de protección especial a pacientes de epilepsia es constitucional, dice PGN

 

Bogotá, 25 de febrero de 2009. Las objeciones presidenciales al proyecto de ley por el cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen de epilepsia, son infundadas y, por lo tanto, su texto es ajustado a la Constitución.

Así lo indicó la Procuraduría General de la Nación en un concepto presentado ante la Corte Constitucional, en el que se solicitó declarar exequible la citada iniciativa que fue objetada por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por razones de inconveniencia e inconstitucionalidad.

Según el Gobierno Nacional, la sanción de ese proyecto vulnera el principio de unidad de materia, por cuanto combina núcleos temáticos que, si bien tienen alguna relación con la atención integral de las personas diagnosticadas con la epilepsia, impactan la estructura y funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Para el Gobierno, la ley introduce una serie de normas que rompen con la concepción del Sistema General de Seguridad Social en Salud e impone cargas y responsabilidades no previstas, de otra parte incorpora aspectos que son exógenos al Sistema como la garantía y atención de la recreación, la cultura, el deporte y otras esferas de la vida de las personas con esta patología.

El Ministerio Público consideró que la lectura de la ley evidencia que el legislador buscó abordar una atención integral de una enfermedad desde diversas perspectivas como la prevención, rehabilitación, accesibilidad, con el ánimo de brindar el mayor bienestar de atención y entorno a quien padece dicha enfermedad, por lo que “lejos de romper con un hilo conductor, como es la atención de salud para los enfermos de epilepsia, lo que hace es dar cohesión de una enfermedad más allá de la relación médico-paciente”.

Precisó que, en este caso, el Gobierno reitera argumentos para objetar la constitucionalidad de diversas leyes en materia de salud, como por ejemplo: el de atención integral del cáncer, el derecho a la vida de los niños con cáncer y el que promueve la vasectomía y ligadura de trompas.

Mencionó que, en algunos de ellos, el Alto Tribunal se ha pronunciado declarándolos infundados, lo cual, representa cosa juzgada en materia constitucional, por lo que solicita a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la Sentencia C-662 de 2009.