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Consejo de Estado acogió concepto de PGN sobre jurisdicción para resolver demanda contra la convocatoria a sesiones extras del Congreso

 

Bogotá, 19 de febrero de 2010. El Consejo de Estado acogió el concepto presentado por la Procuraduría General de la Nación, según el cual, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo carece de jurisdicción para conocer sobre la acción de nulidad interpuesta en contra del Decreto 4742 del 16 de diciembre 2008, que citó a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, para darle trámite legislativo, entre otros, al proyecto de ley por medio del cual se convoca a un referendo constitucional.

En su oportunidad, el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Roberto Augusto Serrato Valdés, indicó que, si bien a primera vista este control correspondería la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en realidad, es competencia de la Corte Constitucional, según lo consagra el artículo 241, numeral 2 de la Constitución Política.

Para el Ministerio Público, la revisión de constitucionalidad que lleva a cabo la Corte Constitucional, respecto de este tipo de asuntos, además de estar centralizada o concentrada en dicha Corporación, se enmarca dentro del denominado “control integral”.

En su concepto, la norma que confiere a la Corte la revisión del control de constitucionalidad, respecto de proyectos de convocatoria a referendos, es enfática en resaltar que dicho análisis abarca los “vicios de procedimiento en su formación”, sin hacer excepción alguna respecto de las etapas o trámites que serán objeto de escrutinio por parte del órgano encargado de la guarda de la Constitución Política.

En su análisis, el Procurador Delegado explicó que la Corte Constitucional tiene la jurisdicción para revisar la totalidad de las etapas que preceden a la convocatoria de un referendo, tal como fue resaltado en las sentencia C- 551 de 2003 y C-1121 de 2004.

Recomendó que, sin necesidad de decretar la nulidad de lo actuado, el proceso se debe remitir a la Corte Constitucional, para que se anexe al expediente en el que se efectúa el control automático de constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, por medio del cual, se convoca a un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional.