INICIO > NOTICIAS > BOLETÍN 096


Destituido ex gobernador del Casanare

 

Bogotá, 17 de febrero de 2010. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al señor Whitman Herney Porras Pérez, en su condición de gobernador del departamento de Casanare, por irregularidades presentadas en el presupuesto departamental y en varios contratos sucritos durante su administración.

La primera conducta está relacionada con la adición hecha por el ex mandatario al presupuesto departamental de la vigencia de 2007 en $167.138.046.219, sin autorización de la Asamblea Departamental.

Al respecto el Ministerio Público precisó que la expedición de normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos le compete por ley a la Asambleas departamentales y, por lo tanto, para aumentar el monto de las apropiaciones ya fijadas era indispensable contar con la aprobación de esta Corporación.

En segundo lugar, la Procuraduría halló responsable al señor Porras Pérez de celebrar con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) el convenio de 29 de diciembre de 2006 por $14.350.434.393 para el desarrollo y ejecución de diversos proyectos eludiendo los procesos de selección contemplados en el estatuto general de la contratación estatal.

Dentro de los proyectos se destacan escenarios deportivos$1.459.024.340, la dotación de instituciones educativas y laboratorios de matemáticas por $1.060.714.832, terminación de la estación de bomberos en Yopal $725.002.997, construcción e interventoría de unidades sanitarias por $1.524.597.654 y mejoramiento de entornos saludables de la población escolar en diez establecimientos educativos por $2.051.232.838.

En este caso, el entonces gobernador utilizó la figura de convenio de cooperación para evadir la licitación y no realizar la escogencia de los contratistas de acuerdo con los procedimientos de selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Finalmente, el Órgano de Control encontró que el señor incurrió en falta disciplinaria al contratar la construcción de 100 aulas de informática multipropósito e implementación y dotación de 250 aulas virtuales, incluyendo 5.000 computadores, sin contar con los estudios previos necesarios para su correcta ejecución dentro del término pactado y omitiendo el deber de vigilar el desarrollo del objeto contratado.

El Ministerio público indicó que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante el despacho del Procurador General de la Nación.