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Procuraduría sanciona a ex alcalde y ex secretario de planeación de Fonseca (Guajira)

 

Bogotá, 17 de febrero de 2010. Por irregularidades en el proceso de compraventa de varios predios, la Procuraduría General de la Nación sancionó al entonces alcalde de Fonseca (Guajira), Wilmar Alfonso Pitre Fragozo, con multa equivalente a 120 días de salario devengado para la época de los hechos y a su Secretario de Planeación municipal, Edgar Peralta Mejía, con destitución e inhabilidad por 12 años.

La investigación señala que el entonces alcalde, mediante escritura pública, transfirió a título de venta real, los derechos de dominio y la posesión de dos predios diferentes por el 10 por ciento de su valor catastral, beneficio que no era aplicable a este proceso de compra y venta.

En consecuencia, las citadas ventas fueron realizadas bajo el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley 137 de 1959 y sus decretos reglamentarios; normas que no eran aplicables para llevar a cabo el acto de venta.

El primer predio fue adquirido por el señor Jelix Enrique Torres Bolívar, por valor 115 mil pesos, y el segundo predio fue comprado por el Secretario de Planeación Edgar Manuel Peralta Mejía, por 50.481 pesos, valores correspondientes al 10 por ciento del avalúo catastral otorgado por el Agustín Codazzi.

Respecto a este segundo predio, el Ministerio Público señala que el señor Secretario de Planeación, aprovechó su investidura para obtener a través de la compra y venta, el título de propiedad, derecho de dominio tenencia y posesión de un inmueble, por un valor muy inferior al precio que correspondía al inmueble, incrementando de manera irregular su patrimonio.

Las pruebas señalan que un mes después, el señor Peralta Mejía, secretario de Planeación para la época de los hechos, vendió el predio que compró en 50.481 pesos por valor de 7 millones de pesos, “obteniendo antes del mes de la compra, una ganancia de seis millones novecientos cincuenta mil pesos m/te (…)”.

Adicionalmente, el 5 de mayo de 2005, el señor Peralta Mejía siendo secretario de planeación y ostentando la calidad de alcalde encargado de Fonseca, admite una solicitud de compra de otro predio elevada por sus padres y hermanos y ordena adelantar el trámite pertinente con el ánimo de favorecerlos en la adquisición por un valor del 10 por ciento equivalente al avalúo catastral.

“A sabiendas que existía un interés particular y directo por parte de sus hermanos como solicitantes de compra, debió declararse impedido, porque como consanguíneos de ellos, también le asistía al servidor público un interés para favorecerlos en la adquisición de lote por un valor equivalente al 10 por ciento del avalúo catastral” puntualizó el Ministerio Público.

La Procuraduría estableció que si bien la venta del lote no se materializó, por haber sido suspendida mediante una resolución expedida en junio de 2005, el trámite administrativo ordenado por el alcalde encargado se surtió casi en su totalidad.