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PGN solicita no casar condena que privó de la libertad a Nicolás Curi Vergara

 

Bogotá, 11 de febrero de 2009. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no casar la sentencia en la que se condenó al señor Nicolás Francisco Curi Vergara, ex alcalde de Cartagena, a la pena de prisión domiciliaria por cuatro años, al ser encontrado responsable del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

El entonces Alcalde celebró 8 contratos con el mismo objeto que denominó “ejecución por el sistema de precios unitarios de las obras de reparcheo en diferentes sitios de la ciudad”, por un valor total que ascendió a la suma de 732 millones 602 mil 35 pesos, cuando, para ese momento, la Ley 80 de 1993 permitía contratar directamente hasta por un monto máximo de 1000 salarios mínimos legales mensuales, es decir, hasta por 236 millones 460 mil pesos.

La Procuraduría Primera Delegada para la Casación Penal consideró que, los argumentos de la defensa carecen de fundamento porque si con el fraccionamiento se buscaba garantizar la pronta ejecución de las obras, la economía y la eficacia, esos objetivos no se reflejaron en el texto de los contratos, toda vez que no se estipuló el sector de la ciudad asignado a cada contratista.

Señaló que, durante el proceso se advirtieron otras irregularidades como: el haber contratado por separado el suministro y transporte de material seleccionado para el reparcheo pese al compromiso de cada contratista de suministrarlo, en algunos casos el Alcalde ya tenía seleccionados a sus contratistas de antemano, y los certificados de existencia y representación legal de los contratistas fueron aportados después de haberse suscrito los contratos.

Para el Ministerio Público, en el supuesto de que hubiera sido posible contratar directamente, los hechos referidos demuestran que, aún así, también se habrían violado los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación pública.

En concepto de la Procuraduría, en este caso se pudo configurar una eventual diferencia de trato, al conceder la prisión domiciliaria, por cuanto la jurisprudencia penal ha considerado que, en casos como este, se impone privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario, dada la conmoción social que esta clase de conductas genera en la comunidad, al verse defraudados sus intereses más preciados como la administración pública y la justicia.