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PGN realiza conversatorio sobre medidas de emergencia social

 

Doctor José Félix Patiño, miembro de la Academia Nacional de Medicina.
Gina Magnolia Riaño, Directora del Centro Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
María Teresa Forero, Directora Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos.
De izquierda a derecha: Doctor Carlos Eduardo Vera Venegas, Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales; Doctora Diana Margarita Ojeda Visbal, Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social ; y Doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, Procurador Delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales.

Bogotá, 5 de febrero de 2010. En cumplimiento de su función constitucional de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la Procuraduría General de la Nación realizó hoy el primero de varios conversatorios con el objetivo de conocer la posición de los diferentes actores del sector salud con ocasión de la expedición de los decretos de emergencia social.

Las primeras opiniones frente a las medidas adoptadas fueron expresadas por José Félix Patiño, miembro de la Academia Nacional de Medicina, quien sentó una posición crítica frente a los citados decretos, los cuales, a su juicio, destruyen la esencia de la medicina.

Señaló además que las medidas adoptadas impiden a los profesionales de la salud ejercer su juicio para determinar que es lo mejor para el paciente e insistió en la necesidad de garantizar el derecho fundamental y efectivo a la salud y ver la atención en salud como algo esencial en la estructura social del Estado.

Por su parte, la doctora Elisa Torrenegra Cabrera, representante de Gestarsalud, manifestó su opinión frente a las medidas de emergencia social y resaltó los beneficios para la población menos favorecida de nuestro país en términos acceso a la salud.

La Directora del Centro Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño, expresó su beneplácito porque la Procuraduría ejerza sus facultades constitucionales y legales en materia preventiva y disciplinaria a fin de que se corrijan las fallas en el sistema de salud y se formule una política pública.

De otra parte, los actores del proceso coincidieron en afirmar que la figura de la emergencia social se utilizó para solucionar problemas estructurales de más de 15 años en el sector salud.

En el conversatorio también presentaron su posición representantes de entidades como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, el Hospital San Ignacio, la Asociación de Hospitales Públicos, la Federación Medica Colombiana, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la Federación Nacional de Departamentos, entre otras instituciones.

Los asistentes abordaron temas como la crisis de la red pública, los problemas estructurales de la Ley 100 de 1993, la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS), la regularización de los servicios del no POS, el impacto de estas medidas en los usuarios, en los profesionales de la salud, en las Entidades Promotoras de Salud y los centros hospitalarios e insistieron en la necesidad de impulsar programas de promoción y prevención y fortalecer la salud pública.

Otro de los temas que concentró la atención de los asistentes fue la ética médica y la autorregulación de la medicina como profesión, la cual a juicio de algunos de los asistentes a la reunión, se ve lesionada con la expedición de estos decretos.

Los Procuradores Delegados para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, para la Descentralización y las Entidades Territoriales y Auxiliar Constitucional escucharon atentamente a cada uno de los asistentes a este conversatorio y al finalizar la reunión señalaron que continuarán velando por el derecho esencial a la salud de los colombianos y se adoptarán las medidas que correspondan en el marco de sus competencias.